El actor alegó ser adulto mayor y tener problemas auditivos.
El actor no invocó el derecho de rectificación o respuesta.
El cierre unilateral de la cuenta que se reprocha no aparece realizado con infracción de ley o por mero capricho, sino como consecuencia de un mal empleo de la cuenta corriente por la actora.
La actora alegó que la educación superior es un derecho que debe estar al alcance de todas las personas.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
No existe norma que faculte al Superintendente modificar la sanción decidida por la Dirección Regional de Educación, lo que hace más gravosa la situación jurídica del actor.
La resolución impugnada carece de fundamento, toda vez que, no alude a los elementos reunidos en el proceso para descartar su mérito.
La interpretación de las normas bancarias por las recurridas atenta contra el derecho de igualdad, por cuanto excluye al actor del acceso al seguro de desgravamen y, con ello, al crédito hipotecario por el solo hecho de ser portador de VIH.
El colegio no incurrió en ilegalidad al actuar, toda vez que, la medida se adoptó en concordancia con el Reglamento Interno Escolar.
La recurrida aumentó el valor en un 50%.
