No por «algunos lamentables desenlaces» se puede privar a la policía uniformada del uso de este armamento.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de casación en la forma deducido por la empresa demandante Ingeniería Integral Fray Jorge S.A., en contra de la sentencia dictada por el 29° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó íntegramente la demanda.
El Tribunal de alzada rechazó la acción presentada por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, tras descartar que la información solicitada tenga carácter de reservada, menos si quien la pide es su titular.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, con declaración de que la exteniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich queda sometida a proceso en calidad de autora del delito.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó a la clínica demandada pagar $1.411.040 y $7.055.200, por concepto de indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicio, respectivamente.
El Tribunal de alzada estableció que el municipio carece de legitimación activa para oponerse a la entrega de información solicitada por ley de transparencia.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce el monto de la indemnización fijada, a la suma única y total de 2.000 unidades de fomento.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario y discriminatorio del servicio al negarse a realizar el trámite.
El Tribunal de Santiago revocó la sentencia impugnada, dictada por el 29° Juzgado Civil de Santiago, rechazando, con costas, la reclamación de la empresa minera.
El conflicto se da entre transmisoras y generadoras.
