El artículo 3º del Reglamento de Copropiedad prohíbe expresamente “instalar cocinas o cocinar alimentos de ninguna especie en los locales comerciales del edificio, los que únicamente podrán vender o distribuir alimentos previamente preparados”. Así, queda en evidencia que la sociedad recurrente ha incurrido y persistido en el incumplimiento de la normativa transcrita.
El actor denuncia que el corte del suministro eléctrico sin un proceso judicial que respalde la acción lo que constituye un acto de autotutela, prohibido por el ordenamiento jurídico.
Resolvió que el recurso perdió oportunidad, puesto que la recurrida informó que el servicio fue restablecido a todos los usuarios en cuyo favor se dedujo el libelo.
El recurrente sostiene que la empresa no realizó mantenimiento preventivo tras advertencia de mal tiempo en la comuna de Lampa y delegó responsabilidades en los servicios municipales.
Esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente, si los cobros indebidos se dejaron sin efecto y la deuda por consumo es posterior.
La Ley N°21.249 es excepcional durante el período de emergencia sanitaria, y sólo impide el corte de suministro por no pago del servicio a la compañía de distribución.
Si bien el recurrido ejerció la facultad contemplada en la Ley 19.537, su aplicación vulneró el derecho a la vida y a la salud del actor, por lo que su actuar devino en ilegal y arbitrario.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó en su sentencia que la Comunidad requerida no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad alguna.
La Corte de Chillán indicó que, no se configuró en la especie un acto u omisión ilegal.
