No se objetó el título en la oportunidad correspondiente ni a través de los medios idóneos que le franquea la ley.
Aun cuando la entidad edilicia haya recuperado la administración de la macroferia, no puede desconocer, sin mediar justificación razonable, la larga data de ocupación de los recurrentes.
Se trata de gestiones procesales indispensables para la prosecución del juicio hasta la dictación de la sentencia definitiva.
El recurso de casación en el fondo es inviable, pues se alza contra los hechos asentados por los jueces de instancia, los cuales han quedado inamovibles para esta judicatura.
Además, fundó la decisión en lo dispuesto en el artículo 117 N°2 de la Ley N°20.720.
Para entender satisfecha la exigencia de fundamentación impuesta a los jueces, es imperioso que ponderen y analicen debidamente las probanzas rendidas en juicio con relación a las materias discutidas, desarrollando además las razones que deben tenerse en cuenta para otorgarles o negarles mérito probatorio.
Con ello, se mantuvo la decisión de la Corte de Talca que estimó que tal indemnización carece de sustento legal en dichas causas.
Por lo anterior, los servicios prestados no coincidieron con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°18.834.
Dicho estatuto regula un mecanismo especial para exigir el pago de lo adeudado.
La autoridad recurrida reguló la multa en el mínimo legal.
