Los hechos denunciados fundaron un incidente de nulidad procesal promovido en la causa.
No corresponde al máximo Tribunal determinar si procede otorgar la residencia definitiva a la actora.
El acto fue motivado por la decisión de un órgano jurisdiccional.
Se acreditó que en el predio se constituyó una servidumbre en favor de la recurrente.
La medida se adoptó en resguardo de los bienes materiales, sin constituir una sanción para los voluntarios.
La recurrida la acusó de retener a su mascota y lucrar con los animales.
El problema se atribuyó a las construcciones irregulares realizadas por los actores.
El recurrido infringió las normas reglamentarias, afectando la calidad de vida del actor y el normal desarrollo de los animales que habitan en su granja.
El municipio al recurrir a la institución de la revocación utilizó un procedimiento diverso del que estaba facultada, lo que devino en la ilegalidad del acto denunciado.
El actuar de las recurridas es arbitrario y amenaza la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, pues le niegan el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia de la actora.
