La medida vulnera el derecho de propiedad de la actora y el principio de la confianza legítima generada, tras haber percibido su remuneración durante más de seis años bajo las mismas condiciones.
Si bien los fundamentos no constan materialmente en el documento que contiene la decisión, estos se consignan en un acta adjunta a la notificación efectuada a la actora y, por lo tanto, fueron puestos en su conocimiento, especificándose que el único motivo por el cual no fueron indicados directamente en el mismo acto administrativo, es el carácter reservado de dichos antecedentes.
La Corte, al acoger el arbitrio de nulidad formal, retrotrajo el proceso a la etapa de efectuar una audiencia preparatoria en los términos requeridos por el artículo 61 de la Ley 19.968, por el juez no inhabilitado que corresponda, el cual proseguirá la tramitación del proceso hasta la dictación de una nueva sentencia, si fuere necesario.
El recurrente acreditó el cumplimiento de tres de las cinco exigencias que el plantel requiere para el nombramiento de “Profesor Titular B”, en concordancia con el reglamento de la casa de estudios, que exige al menos el cumplimiento de aquella cantidad de requisitos, y no cumplir de forma simultánea los cinco literales mencionados.
La Segunda Sala del tribunal de alzada dio lugar a la acción constitucional, tras establecer que el recurrente cumple con todos los requisitos legales, exigibles a la época de la condena, para cumplir el saldo de la pena impuesta en el medio libre.
La Primera Sala del tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional impetrada, tras establecer que la resolución impugnada fue dictada por tribunal competente y en el ejercicio de sus competencias legales.
En medio de una manifestación en octubre de 2019, el acusado disparó su arma antimotines desde el carro lanza aguas, provocando múltiples lesiones a la víctima, que producto de dichas heridas perdió la visión del ojo izquierdo. Los jueces estimaron que el fallo absolutorio vulnera el principio de no contradicción, al asignar valor a la declaración de la víctima, y a continuación, desestimarla para absolver al imputado.
Se trata de información verídica que consta en un registro interno de acceso restringido, lo cual no lesiona la honra del recurrente. Además, de acuerdo al Código Procesal Penal, y las Leyes 19.650, 20.391 y 20.931 no solo debe mantener registros de sus investigaciones y resultados, sino que está obligado a hacerlo, para efectuar análisis a partir de ellos
El Tribunal determinó que el establecimiento comercial no respectó la garantía legal que asiste a todo consumidor que se ve afectado con la entrega de un producto defectuoso.
Se contrató el servicio de hospedaje de mascotas por 19 días, sin embargo, el animal se escapó al sexto día de permanecer en el recinto, hecho imputable al proveedor por no contar con las medidas de seguridad necesarias mientras la mascota estuvo dentro de su esfera de resguardo.
Las sumas adeudadas de las cotizaciones previsionales a un ex trabajador constituyen un ilícito penal, por lo que la orden de arresto impugnada no vulnera la libertad personal del amparado, debido a que persigue el pago de montos que la ley considera para la alimentación del trabajador una vez pensionado.
