Las recurrentes dedujeron la acción por haberse iniciado la construcción en un territorio indígena y de interés turístico, supuesto que a su juicio requiere de una declaración o estudio de impacto ambiental.

Se rechaza la excepción de prescripción opuesta por el Fisco el que se encuentra obligado a pagar subsidiariamente las indemnizaciones y prestaciones laborales generadas con ocasión del despido.

Es necesario recuperar los espacios del bien nacional de uso público que transitoriamente se autorizó utilizar, tanto para tránsito peatonal, como vehicular, no apreciándose que este tenga un carácter de arbitrario.

No concurren las infracciones a las normas en que se sustentó el recurso de nulidad, el que no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Yerra el sentenciador al rechazar la acción de nulidad deducida por los demandantes, por cuanto poseen legitimidad activa para incoar la acción y las tierras son indígenas, encontrándose prohibida su venta a personas que no posean tal calidad.

El Tribunal debió responder a cada una de las peticiones y no hacer una resolución genérica que no se hace cargo estrictamente de lo pedido.

No se advierte ilegalidad en el actuar del Municipio, ni en el contenido de la respuesta consignada en el acto impugnado, de modo que no se vulneró el principio de legalidad, en ninguno de los aspectos señalados por la reclamante.

Aun cuando las empresas prestadoras del servicio de suministro eléctrico, en el ejercicio de la obligación de mantener la infraestructura eléctrica libre de follaje y crecimiento de árboles gozan de amplias facultades, ello no implica que puedan desconocer otras normativas.

No cabe confundir el ejercicio de la potestad de invalidación con la potestad revocatoria de la que se halla investida la Administración. Los actos de contenido favorable no pueden ser dejados sin efecto por razones de oportunidad o conveniencia -revocación- y solo pueden serlo por razones de ilegalidad –invalidación-.

El Convenio ordena a los Estados respetar las tierras ocupadas y utilizadas por sus integrantes, previendo la posibilidad de un desplazamiento inevitable, situación en la cual ordena indemnizar cualquier pérdida o daño provocado con motivo y ocasión de la decisión de la autoridad.