Según lo dispuesto en el artículo 5 letra d) de la Ley N° 19.983, la única causal de oposición permitida en la notificación de facturas es la falsificación material del documento, excluyendo cualquier otra impugnación.
Una vecina cerró con portón y candados el único camino que los actores utilizan para acceder a la vía principal, en circunstancia que la franja se encuentra reconocida como camino de servicio en las escrituras de propiedad de todas las partes, verificándose -en la especie- un acto de autotutela por parte de la recurrida.
El ducto atraviesa los predios de las recurridas, quienes bloquearon la cañería de forma arbitraria, impidiendo a la recurrente acceder a su reparación, hecho que fue calificado por la magistratura como una vía de hecho, contraria a la buena fe inicial de las recurridas de permitir la instalación de la estructura.
Los ministros recurridos confirmaron el fallo de base sin referirse a la excepción opuesta por el apelante en segunda instancia, infringiendo el principio de inexcusabilidad, así como lo prescrito en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que permite la tramitación incidental de excepciones deducidas en segunda instancia.
Los dueños del inmueble tomado por una comunidad mapuche en la región de Los Ríos, buscan revertir la decisión de la Corte de Valdivia, que confirmó una medida cautelar de alejamiento del predio usurpado, con declaración que permite el ingreso de los imputados al lugar para celebrar las ceremonias religiosas correspondientes al año nuevo mapuche, los días 23 y 24 de junio.
Al contar con los antecedentes requeridos para pagar, no corresponde que la AFP solicite otra documentación.
Es evidente la acción de autotutela desplegada por el recurrido, así como la arbitrariedad e ilegalidad en su actuar, que vulneró los derechos de integridad física y psíquica de la actora, además de su derecho de propiedad.
Respecto al plazo de 90 días que cuenta CONAF para pronunciarse sobre las peticiones de corte de bosque nativo, es uno de días hábiles administrativos.
Tales deberes comparten el contenido asistencial con los que tienen los fondos previsionales, pues su objetivo es proveer de ingresos a las personas una vez que han concluido su vida laboral.
Es ilegal la decisión de aplicar una sanción que no corresponde con la infracción imputada, y además arbitraria, al afirmar su determinación en antecedentes que resultan débiles e insuficientes para dar por acreditada la transgresión atribuida.
Se tuvo en consideración que la prisión y torturas que sufrió el actor fue a una edad temprana y que según han dicho los testigos le ha dejado secuelas permanentes, todo lo cual permite dar por establecido el sufrimiento y afección sicológica que ha debido soportar.
