Para acceder al financiamiento público solicitado, la normativa exige que el condominio acredite su calidad de vivienda social o de interés público, conforme a lo dispuesto en los artículos 66 y 68 de la Ley N° 21.442, dicha condición no fue acreditada, por lo que, en consecuencia, no existe un derecho indubitado que justifique la procedencia de la acción de protección.
Concluyó que no hubo ilegalidad en la denegación de la visa, ya que el solicitante, siendo mayor de edad, no cumple con una causal de dependencia y debió acreditar su propia solvencia económica para obtener la visa de residente temporario.
La filmación solo cabe en el propio domicilio cuando es decisión de un determinado grupo familiar, pero no en otros domicilios o en lugares privados, pues de lo contrario dicha intromisión afectará bienes constitucionalmente protegidos, como la intimidad personal, la protección de datos personales, la inviolabilidad del hogar y el secreto de las comunicaciones, tornándose por tanto en ilegítima.
Resolvió que no existe arbitrariedad en el actuar de la empresa que, tras recibir denuncias de sus trabajadores, inició diligencias investigativas bajo la supervisión de la Comisión Código de Conducta, órgano que se encontraría facultado para recopilar antecedentes y entrevistar a funcionarios según el Reglamento Interno.
Concluyó que la acción cautelar no es procedente en el caso sub lite, ya que no se acreditó de manera indubitada el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento laboral solicitado, lo que impidió amparar el beneficio académico reclamado.
El recurso de protección fue interpuesto interpuesto por la madre de la menor.
Los recurrentes sostienen que los actos y omisiones de la recurrida, esto es, la dispersión a la atmósfera de diversos gases peligrosos para la salud humana, en niveles mayores de los permitidos y de forma irracional, sin considerar las condiciones del viento del momento, el efecto de sinergia por la zona en que se ubican las actividades industriales próximas a poblaciones, sin dar aviso previo a las autoridades y a los habitantes de las comunas aledañas, son actos arbitrarios e ilegales que afectan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la salud física, síquica y social de los afectados.
La Corte estimó que se vulneró la garantía del artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Carta Fundamental, al adoptarse una decisión de expulsión fuera de las causales recogidas en los estatutos de la Federación recurrida y sin otorgar una instancia para efectuar descargos.
El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, que ordenó el pago de una indemnización total de $150.000.000 por concepto de daño moral, a las demandantes.
El máximo tribunal estimó que los recurridos obraron con falta o abuso, al confirmar el fallo de primer grado que hizo lugar a las demandas en sede laboral, salvo la de nulidad del despido, que consideró prescrita por transcurrir más de seis meses, lo que es improcedente debido a que dicha acción dependía de las demás entabladas y que por aplicación del artículo 510 del Código del Trabajo, correspondía reconocer el plazo de 2 años para ejercerla y no los seis meses como ocurrió en la especie.
El demandante sólo indicó que su vecino ocupa una extensión triangular de 7,5 metros cuadraos en el límite sur de su terreno, pero no aportó mayores detalles de los deslindes de la porción reclamada, lo que impide dar lugar a la reivindicación pretendida.
