No se advirtió actuar ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida, al enmarcarse dentro de las políticas públicas implementadas por la autoridad sanitaria.

El límite previsto a favor de las empresas principales en el artículo 183-B del Código del Trabajo, no es óbice para la aplicación de la sanción del artículo 162.

En la especie, la sentenciadora analizó el sustrato fáctico y los antecedentes en base a los cuales la Inspección del Trabajo estableció el incumplimiento de la normativa laboral.

No se acreditó que el trabajador comprendiera efectivamente la información en español contenida en la documentación otorgada por la recurrente.

El actor alegó que la sanción se fundó en lo dispuesto en el contrato colectivo aprobado con posterioridad a la fecha del hecho que dio origen a la denuncia.

Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

La medida prejudicial fue notificada conjuntamente con la demanda principal, cuando ya había transcurrido el plazo de la prescripción extintiva.

Sólo la ley puede establecer limitaciones y obligaciones respecto del derecho de propiedad.

El municipio vulneró la garantía contemplada en el artículo 19 N°2, al no respetar cánones que son protectores para todas las trabajadoras que gozan de fuero maternal.

En la demanda se expuso claramente el total insoluto del crédito cuyo cobro se pretende, además de constar las respectivas estipulaciones del aquel en el pagaré que sirve de título ejecutivo.