La Corte estimó que se vulneró la garantía del artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Carta Fundamental, al adoptarse una decisión de expulsión fuera de las causales recogidas en los estatutos de la Federación recurrida y sin otorgar una instancia para efectuar descargos.

El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, que ordenó el pago de una indemnización total de $150.000.000 por concepto de daño moral, a las demandantes.

El máximo tribunal estimó que los recurridos obraron con falta o abuso, al confirmar el fallo de primer grado que hizo lugar a las demandas en sede laboral, salvo la de nulidad del despido, que consideró prescrita por transcurrir más de seis meses, lo que es improcedente debido a que dicha acción dependía de las demás entabladas y que por aplicación del artículo 510 del Código del Trabajo, correspondía reconocer el plazo de 2 años para ejercerla y no los seis meses como ocurrió en la especie.

El demandante sólo indicó que su vecino ocupa una extensión triangular de 7,5 metros cuadraos en el límite sur de su terreno, pero no aportó mayores detalles de los deslindes de la porción reclamada, lo que impide dar lugar a la reivindicación pretendida.

El imputado negó haber huido del lugar del accidente y ofreció trasladar a la ciclista al hospital, a lo que ésta se resistió, retirándose entonces del lugar, de lo que la sentencia no se hace cargo pormenorizadamente por lo que se configura una causal de nulidad que si bien no fue invocada justifica la actuación de oficio.

Los hechos invocados no configuran la causal que se esgrime, incluyéndose más en la estructura de un recurso de apelación que uno de nulidad. Incorporar pruebas referidas a la comisión o no del delito durante el alegato del recurso, evidencian un propósito que excede los márgenes del recurso de nulidad.

El cómputo de los plazos se rige en esta materia por el artículo 435, inciso tercero del Código del Trabajo, en relación con el artículo 49 del Código Civil, conforme al cual «cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que se termina el último día del plazo».

El proceso constituyente se encuentra vinculado a la decisión de asuntos que importan a la sociedad civil en su conjunto (acorde con la voluntad y las necesidades de los ciudadanos en general). Por lo que los posibles canales de participación popular para la definición de un nuevo orden constitucional, no se condice con las funciones y atribuciones otorgadas a los gobiernos locales (satisfacción de necesidades comunales).

La recurrente no menciona hechos constitutivos de afectación a derechos fundamentales y, además, la situación descrita se encuentra bajo el amparo del derecho.

Tal decisión la hace inhábil para participar y formar parte de la Directiva de la Administración. Lo anterior, pues se certificó en sede cautelar la existencia de la deuda.