La norma estableció un plazo de caducidad de las acciones laborales en el contexto de la crisis sanitaria por Covid-19, y el consecuencial estado de excepción constitucional.
El rango de la sanción va de 10 hasta 1.000 UTM, por lo que tampoco se rebajó el monto aplicado.
Gendarmería deberá instalar todos los objetos necesarios y hacer las reparaciones pertinentes para evitar que se lluevan las celdas de los módulos 112 y 115 y dotar a estas dependencias de las instalaciones sanitarias mínimas que sean compatibles con la dignidad humana, como baño, ducha y provisión de agua.
La bonificación no es imponible ni constituye renta para ningún efecto legal.
Recurrentes denuncian que el Hospital no desarrolla una atención sanitaria integral y humanizada, ni asegura la recuperación y preservación de la salud de sus pacientes, así como tampoco les informan debidamente de sus tratamientos.
La situación que se denuncia excede la naturaleza y objeto de la acción constitucional, por cuanto se trata de decisiones adoptadas por parte del Ejecutivo en el contexto de políticas públicas de orden sanitario, no correspondiendo a los Tribunales determinar su procedencia.
Los hechos denunciados no revisten la entidad que le otorga la actora, tanto más si se eliminó la publicación de WhatsApp.
Recurrentes denuncian que el anuncio de la miniserie les produce una amenaza a su integridad psíquica y que al conocer el contenido del caso que los envolvió si se llega a emitir la miniserie en televisión se verán afectados por una revictimización secundaria.
A través de la solicitud los recurrentes buscan se consolide el acceso al cargo de Director al cual postularon, decisión que conlleva un importante incremento en sus remuneraciones, situación que se mantiene paralizada por la omisión de la recurrida.
El acto impugnado dice relación con el cumplimiento de una resolución judicial dictada por el Juzgado de Familia de Casablanca por lo que existen otras herramientas que el ordenamiento jurídico contempla para dicho control.
