La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece un precedente histórico al declarar que la reelección indefinida no está protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos, rechazando prácticas autoritarias en América Latina.
Acto fue aprovechado por Rodrigo Chaves para anunciar su intención de consultar a la Corte si su proyecto de ley sobre “pensiones de lujo” se apega a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El control de convencionalidad no ha dejado de suscitar ciertos problemas de interpretación y confusiones de tipo conceptual, más aún si tenemos que el derecho internacional ha ido penetrando en el derecho interno de manera constante, llegando a la interrogante de que prevalece sobre el otro, será la primacía de la Constitución o la primacía de los Tratados Internacionales.
La jurisprudencia constante sobre el derecho a la salud, en particular sobre las obligaciones de los Estados en relación con la atención durante el embarazo, parto y posparto, ha establecido que los Estados deben brindar una atención adecuada y diferenciada durante dichas etapas.
Estos pueblos, que habitan en reservas territoriales en Perú, como la Reserva Territorial Madre de Dios, se han visto impactados por diversas actividades madereras, mineras y de tala ilegal, a pesar del reconocimiento formal del Estado, reflejado en el Decreto Supremo N°001-2014-MC
El caso Beatriz vs. El Salvador plantea una discusión sin precedentes sobre el aborto, y las campañas de la sociedad civil, como las que intentan influir en los jueces de la Corte IDH, abren un debate sobre los límites de la libertad de expresión.
Tras considerar que Nicolás Maduro obtuvo ventajas en la justicia y a través de la utilización de recursos públicos, la Corte IDH declaró la responsabilidad de Venezuela por la violación de derechos políticos de Henrique Capriles Radonski en las elecciones de 2013.
Henrique Capriles, principal líder opositor en ese entonces, a través de las diferentes instancias gubernamentales y organismos de justicia internos, denunció múltiples irregularidades en el proceso. No obstante, sus alegatos fueron desestimados por un sistema judicial sometido al control del régimen, dejándolo sin alternativas efectivas dentro del país que le permitieran defender sus derechos.
El aspecto más controvertido es la disposición que indica que, si las reformas no son implementadas, el Perú evaluará su permanencia en el Pacto de San José, tratado que protege los derechos humanos en la región y otorga competencia vinculante a la Corte IDH.
El ejercicio de las actividades de inteligencia a cargo de los organismos del Estado, dados los medios empleados y su incidencia en la obtención y utilización de información, incluidos datos personales, supone una injerencia en la esfera de derechos de las personas, en particular del derecho a la vida privada.
Se ha reiterado el carácter permanente de los actos constitutivos de desaparición forzada mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, así como la naturaleza pluriofensiva que sus consecuencias acarrean a distintos derechos reconocidos en la Convención Americana.
