Según la parte peticionaria, Artola Navarrete, médico cirujano plástico y líder sindical, sufrió graves afectaciones a su salud física y mental como consecuencia de la obstrucción a su labor gremial.
La Comisión concluyó que la destitución no estuvo debidamente fundamentada, ya que se basó en la decisión de Moliné O’Connor en el caso «Meller S.A.», sin que se presentara ningún argumento que explicara por qué dicha decisión constituía una falta grave. Además, consideró que el proceso de juicio político no respetó las garantías básicas de un juicio justo, especialmente en cuanto a la imparcialidad de las autoridades que participaron en la decisión.
Se propuso la modificación del Código Penal e incluir sanciones como la cadena perpetua y pena capital ante el incremento de la inseguridad y el temor de la ciudadana.
Santos Sebastián Flores Castillo denunció en 2005 que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había iniciado una relación con su hermana de 15 años, con quien habría tenido una hija. Tras estas denuncias, Flores Castillo y su familia sufrieron persecución del Estado.
En noviembre de 2005, Rosa Angela Martino, diagnosticada con Alzheimer, fue internada en el Instituto Geriátrico Ayelén. Sin embargo, la hija, María Cristina González, decidió retirar a su madre alegando que sufrió abandono y desatención, lo que resultó en desnutrición, deshidratación, anemia e infección urinaria.
El 21 de abril de 2018, durante una manifestación en Bluefields, el periodista Ángel Gahona López cubría los enfrentamientos entre manifestantes y la policía cuando fue alcanzado por un disparo. Aunque fue auxiliado por civiles, testigos aseguran que la Policía Nacional no le brindó asistencia, y Gahona falleció poco después en el hospital.
Las víctimas fueron vistas por última vez en marzo del 2000. Sus cuerpos, con impactos de bala, fueron hallados semienterrados en Godoy Cruz en julio del mismo año.
En 1998, el político y senador paraguayo Juan Carlos Galaverna demandó al diario «ABC Color» y a su fundador y director, Zuccolillo, por calumnia, difamación e injuria. En 2001, este fue condenado a pagar una multa por estos delitos, sentencia que fue apelada y modificada en 2002 a una condena por difamación con una multa mayor.
El 11 de abril de 2002, la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y la Confederación de Trabajadores de Venezuela realizaron una manifestación contra los despidos en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Durante la protesta, agentes de la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana de Caracas y personas no identificadas atacaron a los manifestantes con gases lacrimógenos, disparos y piedras.
La media prescripción es contraria a las obligaciones del Estado en materia de investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos debido a que genera una atenuación a la dosificación punitiva que puede causar que la condena se vuelva irrisoria, haciendo en casos que la condena impuesta termine siendo inferior al mínimo establecido para ciertos delitos.
