La Corte condenó al Estado argentino por haber privado de verdad histórica y de justicia a las víctimas y a toda la sociedad. «A casi treinta años del atentado, continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento. De esta forma, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal», afirmó la Corte.

Jason Puracal, ciudadano estadounidense, fue detenido en Nicaragua sin orden judicial en 2010. Fue trasladado a cárceles locales, como «El Chipote» y «La Modelo», donde sufrió condiciones de encarcelamiento inhumanas, como celdas oscuras y superpobladas, y una falta de atención médica adecuada para su asma.

«Por lo tanto, los tratados de derechos humanos, y las opiniones consultivas de la Corte IDH que les dan mayor precisión, fungen como guía para la interpretación y aplicación de la normativa constitucional en nuestro país. Sin embargo, es importante señalar que estos tratados deberán ser aplicados por los órganos jurisdiccionales de manera que estén armonizados con otras normas de rango constitucional; como si de una norma en un artículo constitucional se tratara».

El Estado vulneró la garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo y con ella, el derecho a acceder a un cargo público en condiciones generales de igualdad, protegido por el artículo 23.1.c) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio las víctimas.

El artículo ofrece un recorrido por las decisiones destacadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023, explorando su impacto y relevancia en la protección de los derechos fundamentales en la región.

¿Cuáles son los avances más recientes en materia de violencia obstétrica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

El fallo estableció que resultaron violados los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, a la verdad y a la integridad personal de las 12 personas ejecutadas y sus familiares.

Los procesamientos indebidos, que fueron reconocidos por el Estado se inscriben en un contexto más amplio de actos de violencia, de estigmatización, de desprestigio y de descrédito hacia los integrantes y dirigentes del partido político UP quienes eran sistemáticamente señalados como auxiliadores de la guerrilla. En ese marco, se produjeron vulneraciones a los derechos que se extienden más allá de las esferas de los derechos al debido proceso y a la libertad personal.

La prohibición de la reelección presidencial indefinida busca evitar que una persona se perpetúe en el poder, y, de este modo, asegurar el pluralismo político y la alternancia en el poder. Tal criterio interpretativo, también expresado por la Corte Interamericana, debe ser considerado por este Tribunal.

La beca ofrece la oportunidad a jóvenes profesionales de trabajar para fortalecer el seguimiento de las recomendaciones realizadas por la CIDH en el marco de su sistema de peticiones y casos.