La beca ofrece la oportunidad a jóvenes profesionales de trabajar para fortalecer el seguimiento de las recomendaciones realizadas por la CIDH en el marco de su sistema de peticiones y casos.

Reiteradamente se ha ordenado al Estado el cese de las agresiones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en resoluciones que han sido contumazmente desconocidas por el mismo, que ha anunciado de manera explícita y contundente su decisión de no cumplirlas. Esto significa desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos un acto de extrema gravedad.

La comisión realizará un “diagnóstico” y planteará propuestas de reformas a la Convención Americana de Derechos Humanos y a los reglamentos y estatutos de la CIDH y la Corte IDH, buscando que se garantice “su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

El proceso de ejecución de la sentencia no presentaba particular complejidad en la medida que requería una liquidación de los montos a pagar a una sola persona, con base en pautas prefijadas por la decisión a cumplir y sin necesidad de examinar aspectos de hecho o derecho que ya habían sido evaluados.

Los procedimientos administrativos y judiciales que involucran la protección de los derechos de la niñez, particularmente aquellos relacionados con la adopción, guarda y custodia en la primera infancia, deben ser tramitados con diligencia y celeridad excepcional, para que la situación de incertidumbre se mantenga por el menor tiempo posible y genere el menor impacto en la integridad física, psíquica y emocional del niño y de su núcleo familiar.

El incumplimiento de un Estado a lo ordenado en una sentencia de la Corte IDH lo faculta a informar a la Organización de Estados Americanos (OEA) de este hecho. En consecuencia, queda fuera de su competencia, ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional.

En el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24, 25 y 30 del Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento, la Corte declara que la República de Costa Rica ha dado cumplimiento total a las medidas de reparación.

La falta de debida diligencia en el proceso que se inició a raíz de la denuncia interpuesta y el incumplimiento de los estándares interamericanos del plazo razonable hicieron nugatorio el acceso a la justicia de la afectada en un alegado caso de violencia obstétrica y mala praxis médica cometida por agentes no estatales.

Las sesiones se celebrarán entre el 13 y 29 de noviembre de 2023. Se trata de los casos Comunidad de La Oroya Vs. Perú, Airton Honorato Vs. Brasil, Tavares Pereira y otros Vs. Brasil, Viteri Ungaretti y otros Vs. Ecuador, Cajahuanca Vásquez Vs. Perú, y Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras.

Los exámenes médicos confirmaron la violación y que Georgina Gamboa estaba embarazada y su hija nació en octubre de 1981. Georgina denunció en reiteradas ocasiones haber sido víctima de violación sexual y tortura, pese a recibir amenazas de muerte por ello.