La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Reformará México su Constitución?
La mujer fue obligada a concluir su embarazo, a pesar del riesgo que representaba para ella y su bebé, el cual falleció durante el parto. Los solicitantes piden que la Corte declare la responsabilidad internacional de El Salvador por vulnerar una serie de disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Entre los principales pronunciamientos destacan estándares referidos la obligación de ejecución de sentencias a nivel interno, la protección de derechos como la igualdad y no discriminación en el ámbito del empleo público, el derecho a la huelga y la libertad de expresión de periodistas.
Las autoridades nacionales, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito.
Los fiscales requieren gozar de garantías de estabilidad laboral como condición elemental de su independencia para el debido cumplimiento de sus funciones. En este caso, la decisión de remover al Fiscal fue arbitraria, al no cumplir con las garantías del debido proceso, lo que configuró también una violación al derecho a la estabilidad laboral.
Los demandantes padecieron sufrimientos psíquicos durante el período de detención preventiva y posteriormente, tras la condena, en el corredor de la muerte. Esto, en el contexto de condiciones de detención incompatibles con los estándares internacionales, en perjuicio de su derecho a la integridad física, psíquica y moral.
Tras más de cuatro décadas, la falta de esclarecimiento de la desaparición alteró el proceso de duelo, perpetuando el sufrimiento y la incertidumbre de la familia. Estas afectaciones se proyectarán en el tiempo mientras persistan los factores de impunidad y la falta de esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida. La violación del derecho a la verdad constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos.
Los allanamientos y detenciones realizadas tuvieron lugar en el marco de la investigación de un atraco a una vagoneta que transportaba valores en La Paz, Bolivia, en el año 2001.
En abril de 1992, el entonces Presidente de Perú disolvió temporalmente el Congreso de la República, luego de lo cual se dictaron acciones de personal orientadas a evaluar a los trabajadores y a seleccionar una nueva planta de personal.
Nicaragua constantemente se ha negado a acatar las resoluciones, lo que configura, al tenor del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, una situación de extrema gravedad que requiere hacer efectiva la garantía colectiva por parte de los Estados integrantes del Sistema Interamericano, para exponer el caso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
