El control judicial de las detenciones, para constituir una salvaguarda efectiva contra las detenciones ilegales o arbitrarias, debe darse “sin demora”, “tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.

Precisa un conjunto de principios éticos esenciales orientadores para el buen y prudente desempeño de las funciones jurisdiccionales.

El artículo 63.2 de la Convención dispone que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.

En sentencia del año 2009 se condenó al país por un caso de desaparición forzada, y se identificaron importantes falencias en su legislación relativa a este delito.

El TC-Perú dispuso la liberación de Fujimori. La CorteIDH ordenó al Estado no acatar tal decisión ¿Qué lecciones surgen de este diálogo entre jurisdicciones?

Dicha disposición es aplicable cuando el acusado se presenta o es hallado luego de haber transcurrido la mitad del tiempo asignado para la prescripción de la acción penal, que, en el caso de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado, era de 5 años y 7 años y medio respectivamente.

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de diez adolescentes fallecidos en un incendio en el Centro de Internación Provisoria «Tiempo de Crecer» de Puerto Montt en 2007; y de 282 adolescentes que se encontraban recluidos en cuatro centros de detención e internación provisoria.

Los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para abordar la investigación de las víctimas desde una perspectiva interseccional en la que se tengan en cuenta los diferentes ejes de vulnerabilidad que afectan a la víctima.

La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura.

El estado de Ecuador aceptó los hechos y reconoció su responsabilidad internacional.