La opinión consultiva solicitada por México es una oportunidad histórica por distintas razones. Se trata de una resolución con el potencial de tener un impacto importante en la manera en la que se atiende el problema de la violencia armada en toda la región. A su vez, también resulta relevante porque la Corte podrá definir de forma clara y justificada los alcances y límites de la responsabilidad internacional de empresas privadas por violaciones a los derechos humanos, particularmente en un contexto en el que el riesgo provocado es altísimo.