«[…] es necesario rechazar el uso de la fuerza, puesto que otros Estados, ante la falta de diálogo e indeterminación de los tratados internacionales en materia de asilo político, podrían infringir principios fundamentales del derecho internacional, como la inviolabilidad de las embajadas y sedes diplomáticas».
Ha sido ampliamente documentado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechaza las amnistías. Esto deriva de la obligación de garantizar los derechos humanos en el ámbito nacional. La Corte ha señalado, con base en su interpretación de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto significa que, con base en un criterio de prevención general, se busca que todas las violaciones graves a derechos humanos sean sancionadas por los tribunales nacionales.
El 1 de julio, la Corte IDH ordenó a Perú en una resolución que a través de sus tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— “tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia” a un proyecto aprobado el jueves 4 de julio en el Congreso “que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú” desde antes de 2002.
Es evidente que esta ley colisiona con los Derechos Humanos, se va en contra de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuente del Derecho Internacional Público y decisión de cumplimiento obligatorio para el Estado Parte condenado; pero también atenta directamente con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
Además de indígenas y representantes de organizaciones no gubernamentales o ambientalistas, desfilaron ante los jueces miembros de instituciones académicas y entes de la ONU. También integrantes de comunidades campesinas y afrodescendientes del continente americano.
En marzo, la Corte Interamericana celebró audiencias en el marco de la solicitud de opinión consultiva sobre el derecho al cuidado. ¿Qué enseñanzas y conclusiones se pueden obtener de este proceso?
El problema es que el edadismo está tan generalizado y aceptado que ni siquiera se percibe su efecto perjudicial para la dignidad de las personas mayores y ello debe ser entendido como una violación de los derechos humanos profundamente arraigada tal como sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Recientemente, la Corte Interamericana publicó su sentencia en un caso en el que decidió acerca de los derechos de la niñez y la adolescencia en el marco de la sustracción y restitución internacional de menores.
¿Por qué la sentencia de la Corte IDH sobre el caso La Oroya vs. Perú es un caso hito en el Sistema Interamericano y en la protección del medio ambiente?
José Luis Parada Sánchez, exgerente de la compañía Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), fue denunciado por irregularidades en licitación y contratación de servicios en 2008 y posteriormente, en 2015, arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el aeropuerto de Maracaibo. Durante su detención, enfrentó dilaciones judiciales, denegación de atención médica y negligencia en su traslado a centros de salud, a pesar de su diagnóstico de cáncer colorrectal.
Las y los bebés que fallecieron ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Pediátrica da Região dos Lagos (CLIPEL) por distintas circunstancias. Familiares e investigadores declararon haber observado irregularidades y negligencia por parte de operadores y personal médico de la clínica. Sin embargo, pese a los numerosos procesos administrativos y judiciales, los responsables fueron absueltos de homicidio culposo en una sentencia ratificada en apelación.
