Además de indígenas y representantes de organizaciones no gubernamentales o ambientalistas, desfilaron ante los jueces miembros de instituciones académicas y entes de la ONU. También integrantes de comunidades campesinas y afrodescendientes del continente americano.
¿Por qué la sentencia de la Corte IDH sobre el caso La Oroya vs. Perú es un caso hito en el Sistema Interamericano y en la protección del medio ambiente?
José Luis Parada Sánchez, exgerente de la compañía Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), fue denunciado por irregularidades en licitación y contratación de servicios en 2008 y posteriormente, en 2015, arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el aeropuerto de Maracaibo. Durante su detención, enfrentó dilaciones judiciales, denegación de atención médica y negligencia en su traslado a centros de salud, a pesar de su diagnóstico de cáncer colorrectal.
Las y los bebés que fallecieron ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Pediátrica da Região dos Lagos (CLIPEL) por distintas circunstancias. Familiares e investigadores declararon haber observado irregularidades y negligencia por parte de operadores y personal médico de la clínica. Sin embargo, pese a los numerosos procesos administrativos y judiciales, los responsables fueron absueltos de homicidio culposo en una sentencia ratificada en apelación.
Violó los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal a no ser sometido a detención arbitraria y a recurrir ante un juez sobre la legalidad de su detención. Además, estableció que se violó a Viteri el derecho a la estabilidad laboral y concluyó que a su familia se le violaron diversos derechos.
Ambos órganos promueven la defensa de derechos humanos, pero tienen caminos y atribuciones diferentes. Como la Comisión es un órgano no jurisdiccional, sus resoluciones carecen de obligatoriedad y necesitan de la voluntad política de los Estados para implementarse y alcanzar sus objetivos.
La Corte IDH, tras avanzar en DESCA y reparaciones transformadoras, ¿limitó su alcance a consensos internos, diluyendo así su efecto real en la región? Esta situación, ¿plantea interrogantes sobre su impacto genuino?
La dignidad del cargo y mantener la integridad judicial no solo es esencial para el desempeño de las funciones judiciales, sino que es piedra angular de los sistemas judiciales y requisito necesario para la vigencia del Estado de Derecho, del derecho a un juicio justo y de la confianza en el poder judicial.
En su Informe de Fondo, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la vida de Julio García Romero; en particular constató que el uso de gases lacrimógenos no cumplió con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la operación no fue regulada, organizada, ni controlada con el objeto de proteger a las personas manifestantes.
De acuerdo a un informe, la mitad de las sentencias de la CorteIDH contra Argentina se corresponden con vulneraciones vinculadas directamente con el sistema de justicia. El Estado avanzó hacia el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en un 79% de los casos.
Destinadas a interesados en los derechos humanos, estudiantes y/o profesionales en Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Periodismo y otras áreas afines.
