Salirse del Pacto de San José es posible, como lo prevé el artículo 78 de la Convención; sin embargo, las implicaciones de hacerlo van más allá de un acto político porque implican dejar a la población sin una instancia a la que recurrir ante casos en que el Estado no garantice una debida protección.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió al Estado peruano suspender el proceso legislativo, aduciendo que las exenciones propuestas son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en casos de violaciones graves a los derechos humanos. El presidente del Consejo de Ministros de Perú calificó esta orden como una “intromisión inusual”.
La Corte IDH dictó medidas provisionales para los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y requirió al Estado peruano que “no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia” al proyecto de ley
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) urge a los Estados de la región a adoptar una respuesta basada en los derechos humanos, la cual debe ser respaldada por la mejor evidencia científica y adoptar un enfoque de género, intercultural e interseccional. Ello incluyendo a su vez un enfoque diferenciado para regiones geográficas.
El Estado argentino habría incurrido en presuntas violaciones de los derechos a la vida, integridad personal y protección a la niñez, así como a las garantías procesales y protección judicial, en relación con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pero hay una razón jurídica de fondo que debió transmitirse enfáticamente: el indulto que fue concedido a Fujimori NO es un caso de la Corte IDH. No siéndolo, jamás la Corte podría pronunciarse por un caso que no corresponde a su jurisdicción. La razón que lo sustenta es que el indulto es una institución del derecho interno del Estado y no del derecho internacional. El caso de Barrios Altos y La Cantuta es distinto del indulto.
La obligación de prevención en materia ambiental impone al Estado el deber de regular, supervisar y fiscalizar las actividades que impliquen riesgos significativos al medio ambiente. Asimismo, el Estado tiene la obligación de prevenir la contaminación ambiental como parte de su deber de garantizar el derecho a la salud, la vida digna y la integridad personal, lo que a su vez conlleva el deber de proveer servicios de salud a personas afectadas por dicha contaminación.
