El documento de la Comisión también aborda el aumento de los incidentes violentos en Cisjordania, señalando un incremento en los ataques de colonos israelíes militares contra la población palestina, así como el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes durante las operaciones.
Un total de 23 Estados actualizaron sus declaraciones de intervención en el proceso judicial, lo que refleja la alta implicación de la comunidad internacional. Mientras que algunos Estados han optado por mantener sus posturas originales, otros han presentado modificaciones o nuevas declaraciones, subrayando las diferentes perspectivas y preocupaciones en torno a este conflicto.
Denunció que las políticas de Israel impiden el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. También destacó que otros Estados tienen la obligación de no proporcionar ayuda o asistencia que contribuya a perpetuar la presencia israelí en dichos territorios.
Se decide que la declaración de intervención conforme al Artículo 63 del Estatuto presentada conjuntamente por Canadá, el Reino de Dinamarca, la República Francesa, la República Federal de Alemania, el Reino de los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Maldivas es admisible.
En las 15 páginas del texto de su solicitud, España refiere a la interpretación de varias disposiciones de la Convención contra el Genocidio de 1948 que, como Estado Parte de la misma, pretende que sea tomada en cuenta por los jueces de la CIJ a la hora de considerar el fondo de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel.
La Corte ha establecido el 16 de septiembre de 2024 como la fecha límite para que los Estados y organizaciones que presentaron declaraciones escritas puedan presentar comentarios adicionales sobre las declaraciones de los demás.
Los demandantes solicitaron improcedentemente protección provisional preventiva, pues no existe certeza sobre las futuras decisiones gubernamentales y las condiciones fácticas y jurídicas de estas. Además, no tomaron en cuenta el margen de discreción del gobierno alemán en esta materia.
El caso Sudáfrica contra Israel se inició cuando este país presentó una solicitud ante la CIJ el 29 de diciembre de 2023. En esta, Sudáfrica alegó que Israel incumplió sus obligaciones conforme a la Convención sobre Genocidio en relación con sus acciones militares en la Franja de Gaza. El 16 de febrero, la CIJ instó a Israel a abstenerse de realizar acciones que pudieran conducir a un genocidio y a facilitar el acceso humanitario a los palestinos en Gaza.
La ONU ha expresado su preocupación y ha instado a Israel a detener su operación militar en Rafah, destacando que estas acciones podrían contravenir las medidas provisionales vinculantes impuestas por la CIJ en forma previa. Su Secretario General, Antonio Guterres, ha advertido sobre el riesgo de un desastre humanitario y ha llamado a un alto al fuego inmediato en Gaza.
A falta de pruebas específicas que demuestren una diferencia de trato basada en el origen étnico, las alegaciones de Armenia no ponen en duda la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).
La conducta desplegada por la República del Ecuador causó graves perjuicios a México y a su misión y personal diplomático en Ecuador y continúa planteando una grave amenaza de nuevas violaciones de sus derechos bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
