El Estado de Israel, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en relación con los palestinos en Gaza, tomará todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos comprendidos en el ámbito del artículo II de este Convenio.

Solicita que se declare que Israel “ha violado y continúa violando sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” y que ordene el cese de las hostilidades en Gaza que podrían constituir violaciones de la convención, que ofrezca reparaciones y que reconstruya la ciudad.

Como ya viene siendo usual, el juez internacional de La Haya siempre busca en sus decisiones establecer un sutil equilibrio entre las pretensiones de ambos Estados: tratándose de situaciones altamente conflictivas entre dos Estados, el esmero del juez internacional en apaciguar los ánimos es más que notorio; logra a partir del contenido en sus decisiones que ambas capitales puedan considerar haber obtenido una decisión favorable.

Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia de la justicia internacional que, en el marco de una controversia territorial pendiente de resolución, un Estado intenta mediante una consulta pública a su población decidir sobre el futuro del territorio en disputa bajo examen de los jueces de La Haya.

Aunque las formulaciones pueden variar, la inmensa mayoría de la literatura coincide en que el test de proporcionalidad tiene una estructura específica, que sigue y coincide con la planteada en la influyente obra de Robert Alexy (2002a), y que, por simplicidad, podríamos llamar el modelo “alemán” o “alexiano”.

Conforme al derecho internacional consuetudinario, el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, a partir de las líneas de base en que se mide la anchura de su mar territorial, no puede extenderse desde las líneas de base de otro Estado.

En este post, la autora destaca las contribuciones de Cançado Trindade como juez y académico. Al analizar su trabajo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, la autora destaca sus esfuerzos por transformar las normas procesales y sustantivas en herramientas, y no en barreras, para el acceso de las víctimas a la justicia.