El caso se enmarca dentro de los procesos jurídicos internacionales relacionados con la situación en los territorios palestinos ocupados. En su jurisprudencia previa, la CIJ emitió en 2004 una opinión consultiva en la que concluyó que la construcción de una barrera en Cisjordania contravenía las normas del derecho internacional.
Este procedimiento consultivo ante la CIJ es adicional a la solicitud de opinión consultiva presentada el 9 de enero de 2023 por Colombia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, en la que Colombia también participó activamente en todas sus etapas y que se encuentra en fase de deliberación.
La Corte ha establecido el 16 de septiembre de 2024 como la fecha límite para que los Estados y organizaciones que presentaron declaraciones escritas puedan presentar comentarios adicionales sobre las declaraciones de los demás.
El fiscal de la CPI, Karim AA Khan, solicitó órdenes de arresto contra Netanyahu, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y altos líderes de Hamás. Las acusaciones se basan en presuntos crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado entre Israel y Hamás iniciado en octubre de 2023.
Subrayaron la necesidad de que Palestina goce de plena autodeterminación, «incluyendo la capacidad de existir, determinar su destino y desarrollarse libremente como un pueblo con seguridad y protección.
Tras acusar a Ecuador de violar el derecho internacional durante el asalto a su embajada en Quito, México solicitó que se garantizara la protección de sus instalaciones diplomáticas y se suspendiera al país sudamericano de la ONU en tanto no ofreciera disculpas públicas y reparaciones. La decisión del tribunal se basa en las promesas de Ecuador de brindar la protección requerida por México.
Los jueces de la CIJ sostuvieron que Rusia violó el tratado al no investigar adecuadamente acusaciones creíbles de envío de fondos desde Rusia a Ucrania para posiblemente financiar actividades terroristas. Aunque se ordenó a Rusia que llevara a cabo investigaciones sobre tales acusaciones, se rechazó la solicitud de reparación presentada por Ucrania.
Si bien se espera que el tribunal se pronuncie sobre las medidas provisionales, no determinará por ahora si Israel está perpetrando o no genocidio como alega Sudáfrica. Un fallo que determine ello podría llegar dentro de años tras un largo proceso entre las partes y el tribunal.
El profesor Malcolm Shaw dijo que Sudáfrica presenta una “imagen distorsionada” de los comentarios hechos por políticos israelíes sobre la guerra con el fin de establecer intenciones genocidas por parte de Israel, y señaló que sólo las decisiones políticas del pequeño gabinete de guerra israelí y del gabinete de seguridad más amplio son relevantes en determinar la política israelí en la guerra en Gaza.
Con ocasión de la presentación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por actos genocidas del Estado de Israel en la Franja de Gaza, se explica la acción procesal a la luz de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, se propone la suspensión del debate acerca del tipo penal internacional y, en base a jurisprudencia de la propia Corte, se analiza el “riesgo de genocidio” como factor de competencia prima facie y estándar de suficiencia cautelar.
El desacuerdo entre los mandantes tripartitos de la OIT respecto a la interpretación del Convenio núm. 87 en relación con el derecho de huelga es la raíz de la controversia actual. Este desencuentro es de larga data. En 1953, por primera vez se cuestionó la aplicación del derecho de huelga en relación al convenio citado.
