La CIJ rechazó la afirmación de Azerbaiyán de que Armenia no había demostrado suficientemente que las presuntas violaciones se basaban en la etnicidad de las víctimas. Además, la Corte enfatizó que las obligaciones de los Estados bajo la Convención persisten incluso durante conflictos armados.
Subrayaron la necesidad de que Palestina goce de plena autodeterminación, «incluyendo la capacidad de existir, determinar su destino y desarrollarse libremente como un pueblo con seguridad y protección.
Tras acusar a Ecuador de violar el derecho internacional durante el asalto a su embajada en Quito, México solicitó que se garantizara la protección de sus instalaciones diplomáticas y se suspendiera al país sudamericano de la ONU en tanto no ofreciera disculpas públicas y reparaciones. La decisión del tribunal se basa en las promesas de Ecuador de brindar la protección requerida por México.
Los jueces de la CIJ sostuvieron que Rusia violó el tratado al no investigar adecuadamente acusaciones creíbles de envío de fondos desde Rusia a Ucrania para posiblemente financiar actividades terroristas. Aunque se ordenó a Rusia que llevara a cabo investigaciones sobre tales acusaciones, se rechazó la solicitud de reparación presentada por Ucrania.
Si bien se espera que el tribunal se pronuncie sobre las medidas provisionales, no determinará por ahora si Israel está perpetrando o no genocidio como alega Sudáfrica. Un fallo que determine ello podría llegar dentro de años tras un largo proceso entre las partes y el tribunal.
El profesor Malcolm Shaw dijo que Sudáfrica presenta una “imagen distorsionada” de los comentarios hechos por políticos israelíes sobre la guerra con el fin de establecer intenciones genocidas por parte de Israel, y señaló que sólo las decisiones políticas del pequeño gabinete de guerra israelí y del gabinete de seguridad más amplio son relevantes en determinar la política israelí en la guerra en Gaza.
Con ocasión de la presentación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por actos genocidas del Estado de Israel en la Franja de Gaza, se explica la acción procesal a la luz de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, se propone la suspensión del debate acerca del tipo penal internacional y, en base a jurisprudencia de la propia Corte, se analiza el “riesgo de genocidio” como factor de competencia prima facie y estándar de suficiencia cautelar.
El desacuerdo entre los mandantes tripartitos de la OIT respecto a la interpretación del Convenio núm. 87 en relación con el derecho de huelga es la raíz de la controversia actual. Este desencuentro es de larga data. En 1953, por primera vez se cuestionó la aplicación del derecho de huelga en relación al convenio citado.
Habiendo considerado la evidencia de las Partes en relación con la segunda Solicitud, se determina que la conclusión citada anteriormente también se aplica a las presentes circunstancias, incluidas las alegaciones sobre trampas explosivas. A la luz de lo anterior, no corresponde examinar si se cumplen las demás condiciones necesarias para la indicación de medidas provisionales.
A través de esta resolución, que contó con un gran apoyo de los miembros de la Asamblea General, se solicita a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre las obligaciones que corresponden a los Estados en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, para que así la comunidad internacional tomé medidas concretas en un futuro próximo.
La Corte concluyó que la intervención de tropas ugandesas en el Congo violó las leyes internacionales, por tal motivo, y en razón de su responsabilidad internacional debe resarcir los pérdidas causadas.
