El funcionario fue condenado a la pena de 12 años de presidio. En su defensa, argumentó que el hecho fue accidental y que debía ser exculpado por no existir dolo en su actuar, y en subsidio, solicitó una pena atenuada por no cometer el delito con alevosía; contradicción argumental que el máximo Tribunal calificó como improcedente.

En el año 2001 fue dado de baja al ser acusado de formar parte de una agrupación de asaltantes. En 2008 fue absuelto por la Crote Marcial, no obstante, este hecho no merma la legitimidad del acto que lo destituyó, el cual fue dictado conforme a derecho y no procede en su contra la acción de nulidad de derecho público.

Funcionarios de Carabineros condenados por el delito de cohecho, instaron en el libelo de forma principal, por su absolución e inocencia, y en subsidio, por una condena menor; peticiones contrapuestas que no se condicen con un recurso de derecho estricto.

Carabinero falsificó firma de un particular para dejar constancia de entrega de una notificación emanada de un tribunal civil, hecho que no dice relación con el delito de falsedad del artículo 367 N°5 del Código de Justicia Militar, al tratarse de un documento que no tiene un origen ni un fin propiamente militar.

El fallo recuerda que, en el referido contexto normativo, el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema acordó previamente –por resolución de 20 de enero de 2020– extender por dos años a contar del 2 de marzo de 2020 el plazo para que Rutherford integre la referida Corte Marcial, prosiguiendo como ministra en visita extraordinaria; y, posteriormente, mediante resolución de 24 de enero de 2022, se extendió por un año adicional la referida visita extraordinaria.

En la decisión la magistrada procesó a Juan Emilio Cheyre Espinoza por perjuicio fiscal por un monto total de $128.638.559. En tanto amplió los procesamientos de Fuente-Alba Poblete e Izurieta Ferrer por montos que equivalen a $50.714.559 y $95.153.689, respectivamente.

Si el único motivo que origina el recurso intentado es que no se comparte la naturaleza de la decisión de los ministros, no queda más que declararlo inadmisible.

La resolución consigna que atendida la complejidad y extensión del asunto que motiva la solicitud y con la finalidad de propender a la mayor agilización en su tramitación, se hace lugar a lo pedido y, en consecuencia, se releva a la Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Romy Rutherford Parentti de integrar Sala y Pleno de ese tribunal y de la Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, a contar del 2 de marzo y hasta el 31 de agosto de 2022.

Los derechos del actor se encuentran debidamente cautelados por la normativa procedimental aplicable en el proceso seguido ante la Corte Marcial, siendo esa la vía idónea para reclamarlos y hacerlos efectivos.

El fallo indica que a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 143 del Código de Justicia Militar, despáchese mandamiento de embargo sobre los bienes del encartado, para satisfacer en forma suficiente el pago de los perjuicios, fijando el monto de $270.000.000.