Mientras que Brasil así como Colombia presentaron sus observaciones en un documento proveniente cada uno de sus respectivos aparatos diplomáticos, Chile y México optaron por acordar ambos una comunicación escrita de manera conjunta, (lo cual denota un trabajo coordinado de sus respectivos aparatos diplomáticos). 

Especialmente en consideración a las más de 11.000 víctimas civiles que han sido asesinadas, 3.350 mujeres, más de 5.000 niños y niñas, 29.500 heridos, 4.000 desaparecidos, en definitiva, en palabras del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en circunstancias que “el pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante”.

En su rol como líder de facto de la Policía Islámica, fue acusado de implementar y hacer cumplir normas estrictas que afectaban significativamente la vida cotidiana y las prácticas religiosas de los residentes. La Policía Islámica utilizó castigos físicos como flagelaciones y amputaciones para imponer estas normas, creando un ambiente de control riguroso sobre la población.

La Fiscalía de la CPI emitió una declaración resaltando el interés público en los casos en cuestión y promoviendo el diálogo, pero advirtió contra cualquier forma de represalia hacia la Corte, lo cual está prohibido según el Estatuto de Roma.

Un Estado que, como Venezuela, no ha incorporado los crímenes de lesa humanidad en su derecho interno, si bien no está obligado a investigar los presuntos hechos delictivos bajo la calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad, debe, no obstante, investigar las acusaciones fácticas que sustentan los elementos contextuales de tales crímenes.

En su comunicado Chile indica que: «Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación».