En virtud de su cargo podrá representar a las partes que litiguen en la Corte, asumiendo la acusación o defensa según sea el caso. Para asumir esta tarea los abogados integrantes deben contar con una amplia experiencia en derecho penal e internacional.

No estamos convencidos de que Filipinas esté llevando a cabo investigaciones relevantes, o esté haciendo un esfuerzo real o genuino para llevarlas a cabo. Esta conclusión no impide que Filipinas proporcione material en el futuro para que se determine la inadmisibilidad de lo solicitado sobre la base de la complementariedad, de ser necesario.

La sentencia apelada articula de manera clara las consideraciones relevantes que informaron su ejercicio de discreción al imponer la sentencia conjunta de 25 años de prisión.

Las víctimas no han tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista y preocupaciones en los procedimientos judiciales ante la Corte. Los procedimientos de confirmación en ausencia de Kony les darían esa oportunidad, que puede utilizarse para dejar en claro la naturaleza limitada y el propósito de la investigación de la Sala, no como un fin en sí mismo, sino como un paso más hacia la rendición de cuentas de un sospechoso que ha estado prófugo por más de 17 años.

Existen bases razonables para creer que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (miembros de los “colectivos”) cometieron como encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución sistemática contra disidentes por motivos políticos.

El efecto acumulativo de los errores afecta materialmente la decisión impugnada. La orden de reparación fue dictada sin tener una estimación concreta sobre uno de sus parámetros fundamentales, a saber, el número de víctimas cuyo daño pretendía reparar. Tampoco se desprende de la orden de reparación cómo se llegó a la indemnización monetaria de 30 millones de USD y, por lo tanto, si el monto es capaz de reparar los daños sufridos por las víctimas.

Su intervención se enmarca en el mandato otorgado por la Resolución 1593/2005, que dispuso la obligación de la Corte de informar periódicamente sobre la crisis humanitaria en esta región, que en las últimas décadas ha sufrido un cruento conflicto étnico.

Mahamat Nouradine Adam habría facilitado instalaciones gubernamentales a la facción armada Seleka, para cometer crímenes contra la población partidaria del ex presidente Bozizé.

Se le acusa de cometer crímenes de guerra durante el conflicto ruso-georgiano del año 2008, pese a que, en virtud de su cargo, debía proteger los derechos humanos de los habitantes de la región.

El autor explica en qué se diferencian las recientes decisiones de la CPI sobre los casos de Colombia y Venezuela, y qué tienen en común.