El Ministerio Público modificó -previa autorización del juez de garantía- el numero único de evidencia de la droga incautada a la acusada, incorporando en dicha modificación evidencia con distinto pesaje, lo que constituye en la especie una prueba nueva que no pudo ser examinada por la defensa, hecho que vulneró el debido proceso de la imputada.

Resulta pertinente reiterar las observaciones que esta Corte Suprema ya manifestó previamente al informar los diversos proyectos que concluyeron en la dictación de Ley N°21.325, destacando que la presente modificación mantiene un vacío en torno a la doble instancia, pues no estatuye un recurso de apelación para impugnar lo que resuelva la Corte de Apelaciones respectiva.

El máximo Tribunal redujo de cinco a dos los años de suspensión de la licencia de conducir del acusado, al observar que el Juzgado de Garantía consideró una condena previa por el mismo hecho, dictada once años atrás, y que, por ende, se encontraba prescrita según el artículo 104 del Código Penal.

El fallo consigna que, se ha de tener presente que el artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone ‘exprese’, es decir, explicite en qué consiste –cómo se ha producido– el o los errores, requisito que el recurso no cumple en cuanto denuncia infracción.

El máximo Tribunal sostuvo que no procede condenar al recurrente, por el mero hecho de ser encontrado en un domicilio ajeno, a punto de consumir estupefacientes que no eran de su propiedad, además, al allanar el domicilio del encartado, no se encontraron elementos que lo liguen a ninguna actividad de tráfico ilícito de droga.

La magistratura confirmó la condena al ex oficial de Carabineros, al razonar que los jefes del recinto policial son responsables de los hechos ocurridos al interior de su unidad, por ende, es irrelevante discutir si el acusado actuó o no materialmente en la muerte de las víctimas, en atención a su posición de jefatura de una institución jerarquizada.

El Estatuto Administrativo contiene un párrafo que regula las condiciones en que podrá ser ejercido el feriado por los funcionarios.

Rechazó el cobro de patente comercial por la Municipalidad de Lo Barnechea. La actividad que no está sujeta a dicho tributo. Conforme al principio constitucional de reserva legal, la interpretación de elementos tales como el sujeto, el hecho gravado, la tasa y la base imponible, debe realizarse con carácter estricto, sin que el desarrollo reglamentario pueda llegar a ampliar o extender el hecho gravado más allá del límite y lineamientos que fueron fijados por el legislador, ni siquiera extendiendo su interpretación por vía complementaria.

El máximo Tribunal estimó que el retardo en la diligencia constituye una infracción administrativa para el funcionario responsable por el incumplimiento, pero ello no puede ser invocado como una causal de nulidad por infracción al debido proceso, pues no afecta sustantivamente a la cadena de custodia.

Resulta altamente inadecuado que los Senadores autores de la moción hayan elegido fundamentarla con la finalidad de “impedir que el Tribunal pueda poner en riesgo la vida o integridad física o psíquica de testigos, peritos, agentes encubiertos, agentes relevadores e informantes, develando su identidad, cuando las causas estén directamente vinculadas a crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.