El máximo tribunal rechazó, por unanimidad, la solicitud de extradición activa del miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Pablo Alberto Muñoz Hoffman. La decisión se basó en la prescripción de la acción penal relacionada con delitos cometidos en 1992, según los tratados internacionales y la legislación chilena.

El presidente Ricardo Blanco, señaló que «esta rebaja implica para el Poder Judicial reducir su presupuesto ya aprobado en la ‘Ley de presupuestos del Sector Público’ correspondiente al año 2025, en un monto global de M$17.395.256 de pesos”.

El máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por las empresas demandadas, consolidando un fallo que refuerza la responsabilidad solidaria y contractual en casos de negligencia laboral grave.

Carabineros realizó un control de identidad fundado en una denuncia anónima inexistente, que afirmaba que el acusado se encontraba “merodeando” un lugar a bordo de un vehículo, hecho que no se pudo comprobar, por lo que todas las pruebas incriminatorias recabadas por los funcionarios adolecen de ilegalidad y no debieron ser consideradas en juicio.

El acusado fue captado en imágenes lanzando una bomba molotov a un carro policial. El registro fue levantado por funcionarios del OS9 que, en cumplimiento de sus labores preventivas de seguridad y orden público, asistieron de civil a registrar en video los desmanes provocados en una manifestación en el sector de Plaza Italia, en 2021.

Los acusados golpearon en reiteradas oportunidades a la víctima, al creer que recientemente aquella habría cometido un delito en el lugar. La magnitud de la golpiza fue tal, que el ofendido falleció debido a la intensidad de los golpes, los que se concentraron principalmente en su cabeza y tórax.

El acusado fue observado por Carabineros entregando tres contenedores de papel a un tercero, previo intercambio de dinero entre ambos, circunstancia que, apreciada en su contexto, constituye un indicio que en dicho lugar se estaba cometiendo el ilícito establecido en el artículo 3 de la Ley N°20.000.

El acusado fue reconocido por la madre del adolescente asaltado, quien otorgó a los agentes antecedentes concretos como su vestimenta y apariencia, los que constituyen un indicio para efectuar la diligencia del artículo 85 del Código Procesal Penal. Al momento de su detención, el imputado portaba las especies robadas a la víctima.

En ningún caso puede estimarse como apremios ilegítimos la ayuda prestada a la víctima de lesiones para defenderse, por lo que la posterior identificación de los acusados por parte de un funcionario municipal, en nada tiene que ver con el auxilio al agredido, y la individualización de los encartados se efectuó conforme a derecho.

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de la Sociedad Implant Laser y un odontólogo, condenados al pago de $613.000 por daño emergente y $2.500.000 por daño moral debido a la instalación negligente de implantes dentales. El máximo tribunal determinó que no existían errores de derecho en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de San Miguel.