La controversia radica en el monto de la indemnización que la empresa minera debe pagar al Fisco por el uso del terreno, pero la Corte Suprema resuelve que los tribunales de instancia sí analizaron y ponderaron adecuadamente las pruebas, por lo que la sentencia original que fijó la indemnización quedó a firme.
Al ser el encausado un enajenado mental, no puede imponérsele la medida en su grado mayor en atención a la falta de capacidad del acusado para orientar sus actos según los mandatos del derecho, por lo que, el castigo debe aminorarse.
El máximo Tribunal indicó que el cambio en la lista de testigos de cargo ocurrió con anterioridad a la audiencia de preparación de juicio oral, por lo que la recurrente tuvo tiempo para ajustar su estrategia de defensa. Asimismo, expresó que la encausada también pudo contraexaminar a la testigo durante el juicio oral, por lo que no es efectiva la vulneración al debido proceso que acusa.
En un esfuerzo por prevenir el consumo indebido de sustancias, la Corte Suprema realizó el sorteo que determinará qué funcionarios judiciales deberán someterse a los test de drogas. Entre 550 y 650 pruebas se realizan anualmente en todo el Poder Judicial.
Las empresas deberán pagar $180.000.000 por daño moral a los hijos del trabajador que perdió la vida en un accidente ocurrido en 2012.
El permiso que el propio imputado otorgó a los agentes para que ingresaran a su domicilio en medio de una investigación por tráfico de drogas, debe ser considerado como una manifestación de su voluntad de querer que los agentes superen toda duda respecto de su participación en algún ilícito, lo que a la postre no resultó favorable para el encausado, pero aquello no significa que la evidencia levantada sea ilegal.
El imputado fue controlado por Carabineros al ser visto sin mascarilla y durmiendo en un sitio eriazo, lo que devino en un posterior registro en que fue incautada una pequeña cantidad de droga y dinero en efectivo. El máximo Tribunal sostuvo que el indicio invocado no tenía relación con el ilícito acusado.
El recurrente pretendía revertir la decisión denunciando la falta o indebida aplicación de los criterios establecidos para fijar la multa e invocó su condición de entidad sin fines de lucro y que las instalaciones sí habían sido validadas por la SEC con anterioridad, por lo que tienen las condiciones suficientes para poder inscribirse.
La exigencia impuesta por el artículo 39 del Código Procesal Penal no distingue si el procedimiento es simplificado u ordinario, por ende, los jueces deben dar cumplimiento en tiempo y forma a la dictación de la sentencia condenatoria junto con poner el fallo en conocimiento de los intervinientes por escrito.
El texto texto propone que, en cuanto a la regulación de la ética profesional de los profesionales no colegiados, las propuestas representan un avance al asignar competencia a los tribunales ordinarios para declarar infracciones éticas e imponer sanciones. No obstante, la falta de un marco normativo claro podría generar incertidumbre jurídica tanto para los profesionales involucrados como para los tribunales llamados a resolver dichas reclamaciones.
El agente se encontraba previamente autorizado por el Ministerio Público y el acusado previamente individualizado por ser un conocido narcotraficante de Valparaíso, por lo que su actuación se ajustó a derecho dentro del marco de una investigación del OS7 para desbaratar una red de microtráfico en el sector del Cerro La Cruz.
