La falta de servicio no es suficiente por sí misma para dar nacimiento a la obligación estatal de resarcir, pues debe atenderse a la relación de causalidad entre ella y el daño ocasionado. Los tribunales han de examinar meticulosamente si suprimida la conducta que se reputa ilegítima, el daño igualmente se hubiese consumado.

La dispensa por razones de reunificación familiar no constituye sino una facultad discrecional de la autoridad de carácter excepcional y restrictivo lo cual presupone necesariamente la existencia de una solicitud concreta por parte del interesado ante la autoridad migratoria y su correspondiente fundamentación.

Más allá de la significación penal que en definitiva corresponda asignar a los hechos denunciados, confluyen en el presente una serie de circunstancias que impiden descartar, al menos de momento, la existencia de conductas en infracción a la ley de sanción y prevención de la trata de personas.

Aunque la falta sea derivada del hecho de los agentes, existe una imputación directa al titular del servicio, de manera que la actividad de los funcionarios estatales ha de ser considerada propia del Estado, quien debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas.

El delito de tráfico de estupefacientes es de ámbito federal, mientras que la tenencia ilegal de armas es de índole común.

La materia y el sujeto son dos elementos fundamentales para determinar si el asunto debe ser resuelto en sede federal o provincial: el primero tiene el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales; el segundo procura asegurar la imparcialidad de la decisión y la armonía nacional.

La jurisdicción de los tribunales revisores está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria. En caso contrario incurrirán en conducta arbitraria.

El legislador ha supuesto que la actuación de funcionarios de tan elevada jerarquía se cumple en sus respectivos despachos, con el expediente a la vista, razón por la cual es necesaria la notificación personal.

Las circunstancias señaladas bastan para poner de manifiesto que el apartamiento de las constancias de la causa en que incurrió el tribunal a quo afecta de modo directo e inmediato la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a la recurrente, y su derecho a la salud.

Se confirmó la destitución de un fiscal general de Chubut tras considerar que sus alegatos no estuvieron bien fundados, en virtud del estándar “Graffigna Latino”.