Analizar si las operaciones de anulación son abusivas implica determinar el objeto, espíritu y finalidad de las disposiciones pertinentes, y determinar si el resultado de las operaciones frustró dicho objeto, espíritu y finalidad. El objeto, espíritu y fin representan la lógica legislativa que subyace en disposiciones específicas o interrelacionadas de la Ley.

El actor debía proporcionar evidencia que le permita al juez inferir la probabilidad de daño de una magnitud suficiente para superar el interés público en proteger la libertad de expresión del demandado. Además, la legislación exige alguna prueba que permita al juez inferir un nexo de causalidad entre la expresión del imputado y el daño sufrido. Y existe una escasez de pruebas respecto al presunto daño causado.

La falta de asesoramiento legal independiente y de divulgación formal puede socavar la elección informada, pero no fue preocupante aquí porque el esposo no pudo señalar ningún prejuicio resultante: no hubo ninguna sugerencia de que la ausencia de estas salvaguardas socavara la integridad del proceso de negociación o la equidad del acuerdo.

No concurre ninguna circunstancia excepcional transitoria que justificara la demora. El retraso neto de unos 35 meses es un retraso irrazonable contrario a la Carta. El juez de primera instancia se equivocó al concluir que la demora estaba justificada sobre la base de la confianza razonable de las partes en la ley tal como existía anteriormente.

Solicitud de suspensión del procedimiento penal por abuso de proceso, solo debe desestimarse sumariamente si es manifiestamente frívola. Este umbral es el que mejor preserva los juicios justos, protege el derecho del acusado a la plena respuesta y defensa, y garantiza procedimientos judiciales eficientes.

La doctrina del doble aspecto prescribe que el Parlamento y las legislaturas provinciales pueden dictar leyes en relación con materias que, por su propia naturaleza, tienen tanto un aspecto federal como un aspecto provincial. La regulación del consumo de cannabis tiene un doble aspecto, ya que puede abordarse desde la perspectiva del derecho penal y de la salud.

Cuando un conductor detenido tiene que responder a una demanda para proporcionar una muestra de aliento, debe poder saber si esta es válida y si negarse dará lugar a responsabilidad penal. En un contexto en el que el conductor no puede recibir asesoramiento de un abogado, no se puede esperar que acepte de antemano cumplir.

Las necesidades apremiantes de una Primera Nación (indígenas) deben considerarse desde la perspectiva de su gobierno, que establece sus prioridades y está mejor situado para identificar sus necesidades. Esta siempre será una determinación basada en hechos específicos.

La evidencia obtenida de la detención policial ilegal no debería haber sido excluida. La policía actuó sin autoridad estatutaria al efectuar la detención, pero dada la inseguridad jurídica que existía en el momento de la detención aleatoria por sobriedad, la infracción no fue tan grave como para requerir que el Tribunal se desvincule de las acciones policiales.

No se requiere que la persona esté realmente desnuda exponiendo partes íntimas de su cuerpo o participando en actividades sexuales; es suficiente si están en un lugar donde se puede esperar razonablemente que una persona se encuentre en tal estado, como un vestidor, un baño, una cabina de ducha o un dormitorio. Además, la norma no requiere que el acusado actúe con un propósito sexual.