Teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas, incluidas las debilidades del testimonio del testigo y la ausencia de cualquier otra prueba inculpatoria, excepto la presencia del ADN del apelante en la colilla del cigarrillo, estamos convencidos de que nadie podría estar razonablemente satisfecho de que la culpabilidad del acusado era la única conclusión razonable disponible. Por lo tanto, los veredictos fueron irrazonables.

La doctrina de la simple vista se aplica a los archivos que revelan evidencia de agresión sexual. Esta doctrina requiere que los policías tengan una justificación previa legítima para la intrusión en el lugar donde ocurrió el decomiso y que la evidencia esté a la vista en tanto que es inmediatamente evidente y descubierta inadvertidamente.

La sentencia mínima obligatoria, si bien es dura y cercana a la línea, no es manifiestamente desproporcionada en el caso concreto. En primer lugar, teniendo en cuenta el ámbito y el alcance del delito, la sentencia mínima no es tan amplia como para abarcar conductas que presentan un riesgo de daño relativamente pequeño.

La pena desproporcionada se aplica a un delito que capta un amplio espectro de conductas, que van desde actos que presentan poco peligro para el público hasta aquellos que representan un riesgo grave. El castigo tendría efectos nocivos significativos en los delincuentes juveniles, que se considera que tienen altas perspectivas de rehabilitación.

El mero vínculo biológico de un padre es simplemente un factor entre muchos que pueden ser relevantes para el interés superior del niño. Los jueces no están obligados a tratar la biología como un desempate cuando dos posibles padres con custodia son iguales. Comparar la cercanía o el grado de conexión biológica es un predictor engañoso, reduccionista y poco confiable de quién puede cuidar mejor a un niño.

La conducta que subyace al arresto del acusado y las inspecciones relacionadas fueron involuntarias, no deliberados y reflejaron un error honesto acerca de si la gabapentina era una sustancia controlada; el oficial que lo arrestó trató de respetar los derechos del recurrente en todo momento y no mostró una ceguera voluntaria o un flagrante desprecio por su persona.

El interés público informa a ambos lados de la balanza: el público tiene interés en la correcta administración de justicia, así como en que se garantice la seguridad del transporte. Para el legislador, el interés público consiste en el derecho de las partes a un juicio justo y a presentar todas las pruebas pertinentes que sean necesarias.

La policía debe innovar si quiere igualar el ingenio de los delincuentes. Algunos delitos también son difíciles de investigar: ya sea porque son consensuados; porque victimizan a quienes son reacios o incapaces de denunciarlos; o porque pueden conducir a un daño tan grande que deben prevenirse activamente. Esta realidad confiere a la policía un amplio margen en sus investigaciones.

Como regla general en el derecho de familia canadiense, el interés superior de los niños se mide desde la perspectiva de los niños y es la consideración primordial para todas las decisiones que les conciernen. Si bien separar a los niños pequeños de su principal cuidador ciertamente podría causarles daño psicológico, no siempre alcanzará el nivel de “daño grave” requerido por la norma. El juez de primera no cometió ningún error revisable al decidir que no se alcanzó este nivel.

Los múltiples procesos arbitrales contemplados en el acuerdo contractual comprometerían la resolución ordenada y eficiente de la sindicatura. Si bien se reconoce la importancia de la autonomía de las partes y la libertad de contrato, la remisión a arbitraje en las circunstancias únicas del presente caso pondría en peligro la capacidad del síndico para maximizar la recuperación de la compañía, lo cual es necesario para pagar a los acreedores.