El demandante sólo cuestiona la valoración probatoria realizada por la Corte, y lo hace con fundamento en opiniones sin ninguna trascendencia jurídica ni aptitud para derruir las presunciones de legalidad y acierto de la sentencia.

Si bien respecto del delito de fraude procesal no se exige el resultado (la providencia judicial pretendida), sólo debe considerarse consumado, cuando el autor en desarrollo de su actividad fraudulenta y dolosa, induzca en error al funcionario.

El acoso sexual es cometido cuando una persona, en beneficio suyo o de un tercero -y valiéndose de su superioridad o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica-, acosa, persigue, hostiga o asedia física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona. Debe tratarse de actos habituales y con permanencia en el tiempo.

El recurso no puede estar fundado tan sólo en un ejercicio de ponderación probatoria diferente al plasmado en el fallo, porque desconocería la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida la sentencia, como quiera que las conclusiones del juez son, en principio, intocables, salvo la demostración de un yerro apreciativo, evidente y trascendental, que no se mostró.

No se acreditó dentro del paginario de la actuación la efectiva puesta en peligro del bien jurídico tutelado de la fe pública, en tanto no se observó interés de los destinarios de los 335 documentos expedidos, que se hubiere visto afectado con su expedición bajo las condiciones varias veces reseñadas y así tampoco entre estos y la comunidad.

El “grooming” o “child grooming” es una especie de “seducción emocional de menores de edad”, a fin de conseguir que éstos realicen conductas sexuales, haciendo uso de las tecnologías de la información, sin excluir el uso de otras formas de comunicación off-line. El término cobija el conjunto de estrategias, conducentes a ganarse la confianza de un menor de edad obteniendo control sobre el mismo para lograr tener acceso sexual a éste.

La jurisprudencia estima necesario que, además de someterse a la verificación de taxativas causales legales de procedencia, la urgencia manifiesta tiene razón de ser en dotar a la administración de opciones de respuesta inmediata, céleres y expeditas que sean idóneas para atender situaciones de crisis, sumamente graves, cuya solución no admite espera.

Al apartarse ostensiblemente de la función judicial que les fue asignada, los acusados irrumpieron en la confianza que les fue depositada por la comunidad e inclinaron la balanza de la justicia para responder a intereses particulares, cuando conforme a los deberes y principios que se extraen de las normas y doctrina citadas, les era exigible comportarse de manera eminentemente distinta, esto es con especial apego a las normas constitucionales y legales que regían el asunto sobre el que administraban justicia.

La aplicación de la jurisprudencia no debe interpretarse como una imposición de esta Corte, sino como la aplicación de la función Constitucional de unificar la interpretación del derecho que le corresponde a cada órgano jurisdiccional, así como también en aras de preservar la vigencia de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima en las decisiones de los jueces e igualdad en el acceso a la administración de justicia para la solución de los conflictos.

Un bien preciado debe ser la pulcritud con que se realizan las contiendas electorales, pues allí se escogen los representantes del pueblo que van a actuar en nombre y representación suya. Mucho daño se causa cuando se escoge la trampa, la mentira y el poder del dinero en cantidades considerables para acceder a esa meta, especialmente cuando quien lo hizo transitó por ese camino en varias oportunidades.