La jurisprudencia estima necesario que, además de someterse a la verificación de taxativas causales legales de procedencia, la urgencia manifiesta tiene razón de ser en dotar a la administración de opciones de respuesta inmediata, céleres y expeditas que sean idóneas para atender situaciones de crisis, sumamente graves, cuya solución no admite espera.

Al apartarse ostensiblemente de la función judicial que les fue asignada, los acusados irrumpieron en la confianza que les fue depositada por la comunidad e inclinaron la balanza de la justicia para responder a intereses particulares, cuando conforme a los deberes y principios que se extraen de las normas y doctrina citadas, les era exigible comportarse de manera eminentemente distinta, esto es con especial apego a las normas constitucionales y legales que regían el asunto sobre el que administraban justicia.

La aplicación de la jurisprudencia no debe interpretarse como una imposición de esta Corte, sino como la aplicación de la función Constitucional de unificar la interpretación del derecho que le corresponde a cada órgano jurisdiccional, así como también en aras de preservar la vigencia de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima en las decisiones de los jueces e igualdad en el acceso a la administración de justicia para la solución de los conflictos.

Un bien preciado debe ser la pulcritud con que se realizan las contiendas electorales, pues allí se escogen los representantes del pueblo que van a actuar en nombre y representación suya. Mucho daño se causa cuando se escoge la trampa, la mentira y el poder del dinero en cantidades considerables para acceder a esa meta, especialmente cuando quien lo hizo transitó por ese camino en varias oportunidades.

El ordenamiento jurídico invistió a los jueces de la República, como directores y responsables de los procesos judiciales, con el poder de imponer sanciones de tipo correccional para evitar la parálisis injustificada de estos y garantizar así su funcionamiento normal, dentro de las etapas y términos fijados en la ley.

Si en el formulario de adhesión a una AFP se utilizan afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre, voluntaria y sin presiones», u otras similares, no libran a las AFP de su obligación de brindar información completa, objetiva y comparada de los distintos regímenes pensionales y las consecuencias asociadas al traslado entre ellos. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado.

El fuero es una garantía procesal que pretende amparar la investidura del congresista más que al servidor público como tal. Se activa con el reconocimiento de haber sido electo y no con el ejercicio de las funciones que se despliegan con el acto solemne de la posesión.

La aplicación del enfoque de género en el proceso penal no está limitada a los casos en que se investigan y juzgan actos de violencia sexista contra la mujer, sino que se extiende también a los casos en que es una mujer quien aparece como imputada.

Es deber del Estado, a través de todas sus autoridades, eliminar toda clase de discriminación arbitraria, a fin de lograr la igualdad jurídica entre los sujetos de derecho.

El legislador no restringió el juicio ejecutivo de obligación de hacer, por lo que el acreedor se encuentra facultado para solicitar el cumplimiento del contrato principal y los perjuicios ocasionados por el incumplimiento.