No tienen sustento los argumentos de la defensa toda vez que dadas las circunstancias como sucedieron los hechos; un inesperado mensaje a la Nación contraviniendo el principio de separación de poderes y una intervención en flagrancia delictiva con indicios de fuga, hicieron evidente la necesidad del pronunciamiento parlamentario.

El delito de rebelión es considerado en el Código Penal como un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional; es el máximo atentado al sistema constitucional. Luego, el bien jurídico tutelado es el orden constitucional desarrollado por la Constitución, cuya protección obviamente es imperiosa. Consiste en el alzamiento en armas con uno de los fines antes indicados.

El Tribunal Superior no interpretó erróneamente el tipo delictivo de colusión ni aplicó indebidamente sus elementos a los hechos acusados.

La imputada fue sorprendida transportando US$34.400 en la frontera con Chile.

La acción fue desplegada sin contemplación alguna y puso de relieve un gravísimo desprecio por la vida y la condición de mujer de la víctima.

Como garantía de los derechos de las personas se vincula con la correcta administración de justicia, protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad y racionalidad a las decisiones del Poder Judicial, en el marco de una sociedad democrática.

Los jueces de la Corte de Apelaciones no expusieron las razones por las cuales no aplicaron los mencionados acuerdos plenarios.

Deben existir elementos externos de corroboración que respalden objetivamente el relato.

La difusión de conversaciones privadas colisiona con el derecho a la intimidad, por lo que es irrelevante la veracidad o falsedad de los hechos contenidos en estas.

El impedimento desaparece cuando se ha declarado judicialmente la disolución del vínculo conyugal.