El recurrente pretendía revertir la decisión denunciando la falta o indebida aplicación de los criterios establecidos para fijar la multa e invocó su condición de entidad sin fines de lucro y que las instalaciones sí habían sido validadas por la SEC con anterioridad, por lo que tienen las condiciones suficientes para poder inscribirse.

La exigencia impuesta por el artículo 39 del Código Procesal Penal no distingue si el procedimiento es simplificado u ordinario, por ende, los jueces deben dar cumplimiento en tiempo y forma a la dictación de la sentencia condenatoria junto con poner el fallo en conocimiento de los intervinientes por escrito.

El texto texto propone que, en cuanto a la regulación de la ética profesional de los profesionales no colegiados, las propuestas representan un avance al asignar competencia a los tribunales ordinarios para declarar infracciones éticas e imponer sanciones. No obstante, la falta de un marco normativo claro podría generar incertidumbre jurídica tanto para los profesionales involucrados como para los tribunales llamados a resolver dichas reclamaciones.

El agente se encontraba previamente autorizado por el Ministerio Público y el acusado previamente individualizado por ser un conocido narcotraficante de Valparaíso, por lo que su actuación se ajustó a derecho dentro del marco de una investigación del OS7 para desbaratar una red de microtráfico en el sector del Cerro La Cruz.

El requisito para la libertad vigilada intensiva estatuido en el numeral 2 del inciso segundo del artículo 15 de la Ley Nº18.216, no implica que la magistratura esté obligada a decretar la pena sustitutiva al existir informes sociales favorables para el imputado, pues los jueces cuentan con un margen de interpretación legal propio de la función jurisdiccional, y las discrepancias del acusado con dicho criterio no es óbice para deducir el recurso de queja.

La Tercera Sala del máximo tribunal revocó una sentencia previa que favorecía al estudiante, ratificando la autonomía de las instituciones de educación superior para gestionar aspectos administrativos y académicos.

El máximo tribunal rechazó, por unanimidad, la solicitud de extradición activa del miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Pablo Alberto Muñoz Hoffman. La decisión se basó en la prescripción de la acción penal relacionada con delitos cometidos en 1992, según los tratados internacionales y la legislación chilena.

El presidente Ricardo Blanco, señaló que «esta rebaja implica para el Poder Judicial reducir su presupuesto ya aprobado en la ‘Ley de presupuestos del Sector Público’ correspondiente al año 2025, en un monto global de M$17.395.256 de pesos”.

El máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por las empresas demandadas, consolidando un fallo que refuerza la responsabilidad solidaria y contractual en casos de negligencia laboral grave.

Carabineros realizó un control de identidad fundado en una denuncia anónima inexistente, que afirmaba que el acusado se encontraba “merodeando” un lugar a bordo de un vehículo, hecho que no se pudo comprobar, por lo que todas las pruebas incriminatorias recabadas por los funcionarios adolecen de ilegalidad y no debieron ser consideradas en juicio.