La magistratura confirmó la condena al ex oficial de Carabineros, al razonar que los jefes del recinto policial son responsables de los hechos ocurridos al interior de su unidad, por ende, es irrelevante discutir si el acusado actuó o no materialmente en la muerte de las víctimas, en atención a su posición de jefatura de una institución jerarquizada.

El Estatuto Administrativo contiene un párrafo que regula las condiciones en que podrá ser ejercido el feriado por los funcionarios.

Rechazó el cobro de patente comercial por la Municipalidad de Lo Barnechea. La actividad que no está sujeta a dicho tributo. Conforme al principio constitucional de reserva legal, la interpretación de elementos tales como el sujeto, el hecho gravado, la tasa y la base imponible, debe realizarse con carácter estricto, sin que el desarrollo reglamentario pueda llegar a ampliar o extender el hecho gravado más allá del límite y lineamientos que fueron fijados por el legislador, ni siquiera extendiendo su interpretación por vía complementaria.

El máximo Tribunal estimó que el retardo en la diligencia constituye una infracción administrativa para el funcionario responsable por el incumplimiento, pero ello no puede ser invocado como una causal de nulidad por infracción al debido proceso, pues no afecta sustantivamente a la cadena de custodia.

Resulta altamente inadecuado que los Senadores autores de la moción hayan elegido fundamentarla con la finalidad de “impedir que el Tribunal pueda poner en riesgo la vida o integridad física o psíquica de testigos, peritos, agentes encubiertos, agentes relevadores e informantes, develando su identidad, cuando las causas estén directamente vinculadas a crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

El incumplimiento que exige el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo no sólo debe ser grave, sino que debe tener una conexión necesaria y directa con el contrato de trabajo.

Al existir una sentencia previa que ordenaba la implementación de un tarifario elaborado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es ante aquel órgano que la recurrente debe reclamar el aumento de las tarifas por uso de tarjetas para pagar los servicios de juego que ofrece a sus clientes, no resultando idóneo el recurso de protección para resolver esta controversia.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de queja, pero actuando de oficio dio lugar a la solicitud de suspensión del procedimiento por acuerdo alcanzado por las partes en una causa civil que fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

La magistratura estimó que el mero reconocimiento del acusado al sostener que las cosas incautadas por los aprehensores “eran suyas”, no basta para dar por establecida la minorante del artículo 11 N°9 del Código Penal, pues la colaboración prestada -para efecto de atenuar la pena- debe ser de tal entidad que esclarezca la comisión del hecho mediante los antecedentes aportados, lo que no ocurrió en este caso.

El máximo Tribunal anuló una condena por tráfico de estupefacientes, y en su lugar, condenó a la imputada por el delito de tráfico en “pequeñas cantidades”, al estimar -en su contexto- que al momento de la incautación los agentes pesaron la droga en estado húmedo y al interior de sus contenedores, lo que arrojó un aumento en la cantidad de droga encontrada a la acusada, que no se condecía con la real cantidad de estupefacientes que poseía.