El acusado fue condenado por el delito de homicidio calificado al existir ensañamiento, pues disparó en reiteradas oportunidades a la víctima, en zonas del cuerpo que aumentaron deliberadamente el dolor del ofendido, quien falleció luego de una hora de transcurrido el ataque; por lo tanto, el delito no puede ser estimado como un homicidio simple, argumento planteado por el imputado para tratar de reducir su castigo.

Se recibió la causa a prueba y se solicitó el abandono del procedimiento durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional, siendo un hecho notorio que existieron severas restricciones a la movilidad de los ciudadanos producto de las cuarentenas decretadas por la autoridad, configurándose una causal que impide decretar el abandono del procedimiento, máxime si la realización de tal diligencia era innecesaria, puesto que ningún efecto surgiría de la realización de tal diligencia sino hasta diez días hábiles posteriores al cese del Estado de Excepción Constitucional”.

La judicatura tiene la obligación de señalar todos los medios probatorios y examinarlos, tanto aquellos en los que apoya su convicción como de los que descarta, e indicar los motivos o argumentos que, a través del análisis de determinadas probanzas, le permite dar por acreditados los hechos a probar.

El máximo Tribunal desestimó el pase regio, al considerar que un acuerdo privado autorizado por la justicia trasandina, para repartir los bienes del causante entre sus hijos, no puede ser cumplido en Chile respecto de los bienes que el fallecido poseía en nuestro país, sin que se acompañe la solicitud de posesión efectiva de dichos bienes presentada en el último domicilio que el causante tuvo en Chile, pues en caso contrario, se vulneraría norma expresa que obliga realizar dicha gestión voluntaria a los herederos.

La Corte Suprema redujo el castigo impuesto a un acusado de cometer robo en lugar habitado, al observar que el tribunal de base no consideró que la conducta anterior del encartado fuera irreprochable, por tener anotaciones prontuariales como adolescente, lo que contraviene las Reglas de Beijing y el artículo 59 de la Ley Nº20.084.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada por falta de fundamentación al rechazar la solicitud de declaración de prescripción gradual de la pena impuesta al amparado, situación que autoriza a otorgar el amparo constitucional, por aparecer de manifiesto que la resolución impugnada carece de fundamentos que justifiquen su decisión.

La deudora intentó modificar los hechos asentados en el juicio, alegando la inexistencia del contrato de mutuo, y que la deuda fue contraída a nombre de un tercero; alegaciones desechadas por la magistratura al observar que es la propia recurrente quien aparece suscribiendo el pagaré con la demandante, y que ahora, pretende desconocer de dicha obligación.

La Corte estimó que no existen prácticas de competencia desleal ni abuso de posición dominante, pues el mercado del envío de correspondencia tiene sus particularidades propias, que no deben confundirse con el mandato legal que obliga a Correos a brindar un servicio de calidad a lo largo del territorio, carga que no deben soportar sus competidores. Además, el máximo Tribunal llamó de atención a los jueces del TDLC por el largo tiempo en la tramitación de la causa y deficiente redacción del fallo.

El máximo Tribunal hizo eco de las recomendaciones de la OIT, para resolver que la magistratura laboral no puede declararse incompetente para conocer un reclamo respecto de una resolución emitida por un órgano administrativo, si aquella dice directa relación con la libertad sindical y el derecho de huelga, pues en caso contrario, negaría a la reclamante el derecho a llevar ante la justicia un litigio con la administración.

El encausado fue fiscalizado por agentes policiales, y al descender voluntariamente del móvil, los funcionarios observaron una bolsa transparente con una sustancia vegetal de color verde, lo que devino en un control de identidad y registro, determinando que la sustancia observada era cannabis sativa, y encontrando en posesión del acusado Ketamina y dinero efectivo proveniente de la venta de aquellas sustancias.