El acusado fue captado en imágenes lanzando una bomba molotov a un carro policial. El registro fue levantado por funcionarios del OS9 que, en cumplimiento de sus labores preventivas de seguridad y orden público, asistieron de civil a registrar en video los desmanes provocados en una manifestación en el sector de Plaza Italia, en 2021.

Los acusados golpearon en reiteradas oportunidades a la víctima, al creer que recientemente aquella habría cometido un delito en el lugar. La magnitud de la golpiza fue tal, que el ofendido falleció debido a la intensidad de los golpes, los que se concentraron principalmente en su cabeza y tórax.

El acusado fue observado por Carabineros entregando tres contenedores de papel a un tercero, previo intercambio de dinero entre ambos, circunstancia que, apreciada en su contexto, constituye un indicio que en dicho lugar se estaba cometiendo el ilícito establecido en el artículo 3 de la Ley N°20.000.

El acusado fue reconocido por la madre del adolescente asaltado, quien otorgó a los agentes antecedentes concretos como su vestimenta y apariencia, los que constituyen un indicio para efectuar la diligencia del artículo 85 del Código Procesal Penal. Al momento de su detención, el imputado portaba las especies robadas a la víctima.

En ningún caso puede estimarse como apremios ilegítimos la ayuda prestada a la víctima de lesiones para defenderse, por lo que la posterior identificación de los acusados por parte de un funcionario municipal, en nada tiene que ver con el auxilio al agredido, y la individualización de los encartados se efectuó conforme a derecho.

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de la Sociedad Implant Laser y un odontólogo, condenados al pago de $613.000 por daño emergente y $2.500.000 por daño moral debido a la instalación negligente de implantes dentales. El máximo tribunal determinó que no existían errores de derecho en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El máximo Tribunal desestimó el recurso de unificación de jurisprudencia presentado por la empresa Sociedad de Transporte Integra Limitada, confirmando la sentencia que la obliga a pagar $60.000.000 por daño moral a la familia de un trabajador fallecido en un accidente ocurrido en 2020.

El tribunal ordenó medidas alternativas, incluyendo arresto domiciliario total, arraigo nacional y supervisión por el Servicio de Reinserción Social Juvenil, considerando la vulneración de derechos de la imputada y su hijo bajo las normas internacionales de derechos humanos.

La jueza subrogante defendió la reserva de informes éticos y acusó incongruencias en el actuar del exmagistrado, quien busca acceder al documento para reivindicar su honor tras su destitución.

Del texto del artículo 12 N°15 del Código Penal se sigue que, para aumentar la magnitud del castigo, se requieren dos o mas condenas pretéritas, circunstancia que en la especie no ocurriría si los juzgadores no hubieran considerado una condena previa del encartado cumplida en 2017, la que se encuentra prescrita.