El Tribunal Supremo confirmó la condena al acusado que lideraba dicha agrupación dedicada al comercio de la sustancia en el puerto. Carabineros proporcionó evidencia incriminatoria de más de un año de escuchas en las comunicaciones entre el acusado y dos coimputados, siendo detenidos todos al momento de concretar una venta en el domicilio del encartado.

El máximo Tribunal modificó la calificación jurídica del delito, para que el ex funcionario sea condenado por el delito común de robo en lugar no destinado a la habitación, y no por el ilícito militar de robo de material de guerra. El Supremo estimó que un Carabinero integra las fuerzas de orden, y no las Fuerzas Armadas.

El demandante afirmo que el inmueble era ocupado por mera ignorancia o tolerancia de su parte, en circunstancias que siempre supo que la demandada tuvo una hija en común con su hermano -y anterior dueño-, por lo que la ocupación acusada posee un antecedente jurídico que la justifica y desvirtúa la acción de precario intentada.

El máximo Tribunal confirmó en alzada el fallo dictado por la ministra instructora Adelita Rabanales, que dispuso la entrega diferida del requerido una vez concluya en nuestro país un proceso penal por microtráfico, que mantiene actualmente al encartado en prisión preventiva.

El imputado quiso anular la sentencia que lo condenó, acusando el tardío ingreso del medio probatorio a la causa, tesis que fue desechada por la Corte Suprema, que estimó que si dicha pericia fue anunciada en la audiencia preparatoria, la defensa no puede alegar con posterioridad que le resultaba desconocida por ser incorporada después del periodo de investigación.

El requerido junto a otros coimputados integraba una banda dedicada al robo de este tipo de establecimientos, y las pruebas acompañadas por el Estado requirente fueron consideradas como suficientes para autorizar el traslado del acusado a la península, y que pueda enfrentar a la justicia española.

El acusado robó especies desde el interior del vehículo de la víctima, quien con la ayuda de testigos identificó y detuvo al hechor, reteniéndolo hasta la llegada de personal de Carabineros.

El acusado intentó revertir una condena por receptación, uso de patente falsa, y porte de parte de arma de fuego, alegando que los agentes inicialmente lo fiscalizaron por virar en un lugar prohibido. Sin embargo, el Tribunal Supremo adujo que el uso de patente falsa sitúa al encartado en la hipótesis de flagrancia del artículo 130 a) del Código Adjetivo, por lo que puede ser detenido y registrado, sin que ello sea considerado un acto autónomo prohibido.

En atención a la relevancia social del delito de tráfico de estupefacientes, así como al bien jurídico vulnerado, el legislador ha dotado de flexibilidad a las investigaciones por esta clase de ilícitos, debiendo estar el agente encubierto autorizado únicamente por el Ministerio Público, como ocurrió en este caso.

El informe plantea que, en síntesis, el proyecto de ley busca restringir la competencia de los tribunales militares al consagrar expresamente en la ley la competencia de la justicia civil para el conocimiento de eventuales violaciones a los derechos humanos que involucren a funcionarios militares activos.