El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ordenó al condominio demandado, restituir las sumas indebidamente cobradas.
El proyecto de ley analizado busca limitar el uso de cauciones económicas por parte de imputados con altos recursos, intención que se estima positiva, sin embargo, presenta aspectos mejorables que debieran ser abordados
El requirente alega que las normas del Auto Acordado infringen el principio de reserva legal, de publicidad, de competencia, la garantía general sobre la esencia de los derechos en nexo con el derecho al debido proceso, a no ser juzgado por una comisión especial, la igualdad ante la ley, la integridad psíquica, el derecho a la vida privada y a la honra personal y familiar, desde que a pesar de que solo una ley de quórum calificado puede disponer la reserva o secreto de los actos de los órganos del Estado, las normas cuestionadas se atribuyen erradamente funciones del legislador, impidiéndole ejercer una defensa adecuada.
El actor no pudo probar en juicio que la porción reclamada mediante la acción de precario era parte de un inmueble propio de mayor superficie, por lo que la ocupación de dicho sitio no puede ser calificada como precario, pues el bien raíz, en definitiva, no pertenece al demandante.
El máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia invalidada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que rechazó la acción.
En su libelo, denuncia que la recurrida no explica el origen de las deudas que compensó ilegal y arbitrariamente, y se niega a dar cumplimiento a una sentencia definitiva que ordenó remediar monetariamente las graves violaciones a los derechos humanos de que fue víctima.
En su libelo, la sociedad enfatiza que la ocupación ilegítima le priva de hacer uso del terreno y desarrollar los proyectos previstos, constituyendo una clara vulneración a su derecho de propiedad.
La Corte concluyó que, al haberse cesado la medida impugnada y no existir vulneración actual de derechos constitucionales, el recurso de protección carece de oportunidad y no puede prosperar.
En atención al artículo 51 bis 1 de la Ley de Propiedad Industrial, el plazo se cuenta desde el momento de inscripción de la patente, y no desde la notificación de la sentencia del INAPI, por lo que los jueces del TPI debieron dar lugar a la protección y no declararla inadmisible, como ocurrió en la especie. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada y no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a cinco años.
La decisión fue notificada el 10 de octubre pasado y la sentencia dada a conocer con fecha 30 de octubre de 2024.
