El Tribunal de alzada estableció que, las expresiones vertidas por la recurrida, sin otorgar una posibilidad de respuesta o contra argumentación de la contraria, no pueden tener por objeto sino afectar la honra de quien es calificado peyorativamente.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución.

El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada que acogió la petición subsidiaria de rebaja de la multa, tras establecer que, en la especie, no corresponde modificar la sanción pecuniaria aplicada a la empresa por la autoridad ambiental, por infringir el Código Sanitario.

El Decreto Nº1.364 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Orden General Nº2635 de la Dirección Nacional de Carabineros regulan los lineamientos generales sobre el uso de la fuerza en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, no vislumbrándose actuaciones contrarias a estas normativas en los hechos denunciados.

La Corte Suprema agregó que la subsistencia de la mencionada información supone extender un juicio de reproche o, a lo menos, imponer un manto de duda acerca del desempeño profesional del actor.

El máximo Tribunal rechazó recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua por manifiesta falta de fundamento.

El máximo Tribunal estableció que la sentencia impugnada erró al no aplicar la sanción.

La Corte Suprema ha estimado que un recurso de protección en contra del Tribunal Constitucional atenta contra la congruencia y unidad que debe tener la Carta Fundamental

La sentencia indica que según el inciso cuarto del artículo 11, las sanciones que podrán ser objeto de revisión judicial corresponden a multa a beneficio fiscal y clausura del establecimiento o faena.

El máximo Tribunal indicó que, del mérito de los antecedentes, existió hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías del artículo 20 de la Constitución Política de la República.