En atención al artículo 51 bis 1 de la Ley de Propiedad Industrial, el plazo se cuenta desde el momento de inscripción de la patente, y no desde la notificación de la sentencia del INAPI, por lo que los jueces del TPI debieron dar lugar a la protección y no declararla inadmisible, como ocurrió en la especie. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada y no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a cinco años.

La decisión fue notificada el 10 de octubre pasado y la sentencia dada a conocer con fecha 30 de octubre de 2024.

El demandado invocó un contrato de arriendo celebrado con un tercero ajeno al litigio, pero que recaía en un predio diverso al ocupado, por ende, la ocupación carece de un antecedente jurídico válido, y el ocupante debe restituir el inmueble fiscal.

El máximo Tribunal sostuvo que una argumentación genérica respecto de “fallas al apreciar la prueba conforme a la sana crítica”, sin indicar en concreto cuál regla es la quebrantada, evidencia la disconformidad del recurrente con el fallo, y no un yerro en derecho por parte de los sentenciadores de fondo.

Favorece al amparado una ley más favorable, promulgada después de ejecutoriada la sentencia, pero en ese caso el tribunal de ejecución se encuentra obligado a modificarla de oficio o a petición de parte la sentencia para darle aplicación.

Las indicaciones que se consultan buscan modificar el procedimiento de reclamación seguido ante las cortes de apelaciones, regulado en el artículo 141 de la Ley N° 21.325, e incorpora dos nuevos artículos que regularizan la procedencia del recurso de apelación, situación que hoy está reglada a través del Auto Acordado dictado por la Excelentísima Corte Suprema N° 158 de 2023.

La audiencia se realizará el lunes 28 de octubre de 2024, a partir de las 14:00 horas, y será transmitida por poderjudicialtv.cl

El imputado fue capturado luego que se diera a la fuga de un control de tránsito, mediante una persecución en automóvil y a pie, hecho que permitió a los agentes registrar sus vestimentas, encontrando un arma de fuego y municiones que el encartado portaba sin la respectiva autorización.

El acusado fue denunciado anónimamente que se encontraba en un sector de Antofagasta, en horas de la madrugada, en una actitud “sospechosa” cerca de automóviles y casas del sector. Al llegar personal de Carabineros y registrar sus vestimentas, encontraron que el imputado portaba munición sin la debida autorización.

Tuvo en consideración que el derecho a la acción está amparado constitucionalmente, y que la autonomía de la voluntad no puede prevalecer sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que las sanciones que impiden la prosecución del juicio son excepcionales y deben ser cuidadosamente evaluadas en cuanto a su procedencia, razonamiento que omitieron los jueces del fondo y que motivó la invalidación del fallo.