La forma de aplicar un reproche que sea proporcional a los hechos y, a la vez, asegurar el derecho del alumno a la continuidad del proceso educativo, se logra por la vía de aclarar que la sanción a la cual éste queda sometido es la cancelación de su matrícula para el año escolar 2025.

Los hechos ocurrieron en el año 2011, y la solicitud de extradición fue deducida recién en 2023, cumpliéndose el plazo de prescripción de la acción penal establecido en los artículos 94 y 95 del Código Penal.

Del examen del título aparece que es un instrumento privado, en el que únicamente sus firmas se presentan autorizadas por un Notario Público, y que contiene un mutuo de dinero, por lo que de acuerdo a la definición del artículo 1699 del Código Civil, no constituye una escritura pública, puesto que la ley reserva, dentro de la competencia de dichos funcionarios, determinados actos jurídicos en el carácter de públicos dentro de los cuales no se encuentra el instrumento aludido, el que sólo tiene el carácter de un testimonio privado que no ha sido incorporado en el protocolo o registro público, y que no sirve de fundamento para dar inicio a un juicio ejecutivo.

La iniciativa sostiene que se hace necesario levantar información fidedigna que permita comparar las diferencias sociales entre cada persona afectada por la prisión preventiva porque no existiría un método expedito para realizar dicha investigación y definir los criterios no discriminatorios para su aplicación

El Reglamento Interno del colegio establece que portar objetos peligrosos es una falta gravísima, mientras que el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de Educación, exige que la expulsión solo se aplique cuando las causales estén claras en el reglamento y se sigan procedimientos justos que resguarden el interés del estudiante.

En su libelo denuncia que la actuación de la sociedad concesionaria constituye una afectación al derecho a la igualdad y al derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Se trata de Jorge Pizarro Astudillo, quien fue propuesto como Fiscal Judicial; y de las magistradas Jessica González y Mireya López quienes integrarán el máximo tribunal del país.

Las autoridades y funcionarios públicos no podrán homenajear a los miembros de la Junta Militar que participó del Golpe de Estado del año 1973, ni a ningún miembro condenado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Esta prohibición incluye actos, retratos, monumentos u nombramiento de calles, plazas u otros bienes nacionales, establece una de las normas propuestas.

Resolvió que el municipio, al no informar debidamente a los apoderados sobre el proceso vacunatorio, incumplió lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009 del Ministerio de Educación, que establece el derecho de los miembros de la comunidad escolar de ser informados debidamente respecto de todo aquello que, directa o indirectamente, incida en el proceso educativo de sus hijos.

Los compendios, elaborados por la unidad de Seguimiento de Acta N° 37-2014 a cargo del ministro de máximo tribunal Diego Simpértigue Limare, fueron remitidos al al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para los fines pertinentes.