La defensa de Sergio Muñoz aclaró que este recurso se interpuso sin consentimiento ni conocimiento del suspendido magistrado.
Con el fin de aclarar defectos en la descripción corporal del acusado, el TOP de Puente Alto acompañó el documento emitido por Gendarmería de Chile, pero esta diligencia no afecta la imparcialidad del juzgador, al quedar asentado que dicho instrumento no fue la prueba determinante para que los jueces se formaran convicción condenatoria.
El máximo Tribunal acogió el recurso de nulidad presentado por un ciudadano chileno que había sido requerido por el Reino de España para ser juzgado por robo, al observar que el Ministerio Público acompañó medios de prueba fuera de plazo, lo que vulneró el derecho a defensa del acusado.
Resolvió que el fallo de la Corte de Apelaciones realizó un análisis parcial y poco razonado de las pruebas rendidas, sin explicitar, argumentar o desarrollar la correcta relación entre todas ellas, especialmente en la determinación del título habilitante para la ocupación del inmueble objeto del litigio.
El informe advierte que a modo de reflexión previa o general, parece conveniente reiterar que el Poder Judicial ha manifestado su profunda convicción en orden a quedar totalmente ajeno al sistema de notarios, conservadores y archiveros.
El demandado mantuvo una relación sentimental por más de 17 años con la madre de los demandantes, hecho que no puede ser desconocido por los actores como antecedente jurídico que habilita la ocupación del predio, por lo que el máximo Tribunal desestimó la acción de precario.
Tras la falta de la apoderada y secretaria del Centro General de Padres, se activaron los protocolos de actuación y se siguió el procedimiento establecido al efecto por el equipo de convivencia escolar, adoptando las medidas que la naturaleza de la falta gravísima trae aparejada.
La magistratura se limitó a argumentar en torno al conflicto sometido a su consideración, arribando a conclusiones jurídicas que se enmarcan dentro de criterios de racionalidad propios del ejercicio de la jurisdicción.
El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la acción constitucional de amparo.
La Corte Suprema resolvió que la omisión denunciada conculca la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del recurrente, al no encontrar fundamento para negar el pago íntegro de la asignación de zona sobre la especial de grado efectivo por el período en que el funcionario prestó servicios, respaldado por pronunciamientos anteriores.
