La requirente alega que la normativa legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad, desde que permite al demandante reclamar cuantiosas sumas de dinero en razón de un procedimiento judicial que se ha mantenido artificialmente vigente durante años, acudiendo a una ficción jurídica que le permite cobrar por trabajos no realizados, lo que conduce a un enriquecimiento ilícito y sin causa.

El beneficio no resulta procedente, en razón a la falta de las cotizaciones mínimas que la ley exige para el otorgamiento del citado aporte adicional, esto es, seis meses de cotizaciones en el año anterior al último día del mes en que se haya dejado de prestar servicios.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de seguridad jurídica al no permitirle alegar el abandono del procedimiento a pesar de que han transcurrido casi 8 años desde la última gestión realizada por el ejecutante.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, ya que han transcurrido más de 8 años desde la última gestión útil en la causa.

Así establece la norma respaldada en la Comisión de Salud que comenzó la revisión de las observaciones relativas al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores. Mientras en la Cámara Baja, se discute adelantar el alza de los planes para abril.

La iniciativa aumenta las tasas de reemplazo. Además, introduce cambios para la empleabilidad, incrementando la posibilidad de capacitar, orientar a las y los trabajadores y proponiendo beneficios.

El proyecto reduce los meses de carencia para ser beneficiario de este seguro, se aumenta el número de giros y el monto del segundo de éstos, y se automatiza la prestación en situaciones de catástrofe y alerta sanitaria, entre otras medidas.

Las instituciones deben adoptar las medidas necesarias para verificar que los cotizantes en ese régimen satisfagan todos los requisitos legales.

La disputa legal se estaba dando en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo por el monto adeudado de 15 meses de cotizaciones, 18 meses de Fonasa y  meses de AFP.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la resolución de primera instancia.