El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley y los principios de proporcionalidad y de legalidad, desde que se le obliga a pagar multas e intereses penales compuestos que exceden todo criterio de racionalidad por ser extremadamente cuantiosos, beneficiando discriminatoriamente a los ex funcionarios, a través de una medida que resulta completamente inidónea para obtener una finalidad disuasiva.