El artículo 83 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, dispone que la residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una vigencia de dos años.
Las agencias de viajes asumen la obligación de gestionar la compra de pasajes aéreos, ofreciéndolos a sus clientes en un determinado marco de condiciones que el consumidor estima conveniente por cualquier servicio al que se haya comprometido, quedando eximida de toda responsabilidad frente al usuario, no mediando culpa, dolo o negligencia de su parte, cuando sean intermediarias entre las empresas y los usuarios.
El requisito de vacunación, como condición para la vinculación laboral en un contexto posterior a la culminación de la emergencia sanitaria, no satisface las exigencias del juicio de igualdad y resulta discriminatorio en tanto supone una preferencia injustificada hacia las personas que han optado por aplicarse la vacuna contra el COVID-19.
La posición prevalente, aunque no jerárquica, que tiene la libertad de información sobre el derecho al honor, en función de su doble carácter de libertad individual y de garantía institucional de una opinión pública libre, presupone que la información transmitida sobre un asunto de interés general sea veraz.
Las autoridades alcanzaron un justo equilibrio entre la necesidad de proteger la salud y los derechos y libertades de los demás en este caso. La prohibición de la manifestación fue necesaria en una sociedad democrática, y no hubo violación del derecho del sindicato a la libertad de reunión.
Los Estados tienen (y habían tenido durante la pandemia) la obligación de salvaguardar la vida de quienes se encuentran dentro de sus jurisdicciones. Las restricciones en este caso habían perseguido el objetivo legítimo de la protección de la salud y los derechos y libertades de los demás.
Resulta patente que la intervención estatal en la libertad individual en el ámbito de la integridad personal física y moral mediante el uso de la mascarilla resulta proporcionada a los fines buscados: la protección de la salud de los ciudadanos considerados en su globalidad, así como una protección terapéutica no especialmente invasiva.
Exigirle al usuario, que no obtiene respuesta del titular de la plataforma ni del hotel, que identifique a quien y donde debe efectuar el reclamo cuando la intermediaria pertenece a una compleja organización societaria, sería contrario a la protección del derecho del consumidor a la hora de intentar valer sus derechos, con serio riesgo de ver frustrada su expectativa.
El caso se centra en la interpretación de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, particularmente en lo que respecta a su cláusula de expropiaciones, la cual establece que el gobierno no puede tomar propiedad privada para uso público sin proveer una compensación justa.
El principio de proporcionalidad no exige repartir las ayudas entre todas las víctimas del acontecimiento de carácter excepcional de que se trate, en proporción a los perjuicios sufridos por estas. Por otra parte, las empresas no han demostrado que la ayuda controvertida constituyera, debido a que solo beneficiaba a AUA, un obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.
Por lo que se refiere a esta garantía, no hay razón alguna para tratar de manera diferente a los viajeros cuyo viaje combinado no puede ejecutarse debido a la insolvencia del organizador y a los viajeros que han cancelado su viaje combinado por circunstancias inevitables y extraordinarias.
