La Comisión no proporcionó explicaciones suficientes que permitieran saber de qué manera el acceso a las definiciones de «conducta dolosa» y de «todos los esfuerzos razonables posibles» en algunos de los contratos y a las estipulaciones de los contratos relativas a las donaciones y reventas de las vacunas podría suponer concreta y efectivamente un perjuicio para esos intereses comerciales.

La actora únicamente utilizó sus redes sociales a modo de descargo anímico. Pero hay un hecho que es tan evidente que resulta absolutamente extraño que la Administración haya mantenido los cargos en el caso que nos ocupa. Como señala la demanda, los comentarios realizados por la parte actora en sus redes sociales no revelaron secreto alguno. Tampoco dieron datos falsos, ni proporcionaron información falsa sobre el funcionamiento de los servicios del hospital.

A pesar de los esfuerzos de la Universidad de Auckland por cumplir con sus obligaciones en materia de salud y seguridad dentro de su marco existente, no se brindó a la profesora la protección y el apoyo adecuados. Esto resultó en una angustia considerable para la profesora.

Se alega que Pfizer promocionó la vacuna como eficaz contra las variantes del COVID-19, pese a que los datos disponibles indicaban que la eficacia era inferior al 50%. Finalmente, se aduce que Pfizer hizo declaraciones falsas respecto a la capacidad de la vacuna para prevenir la transmisión del virus.

El accionar de las acudientes “se enmarcó en la buena fe y no en la utilización malintencionada de la jurisprudencia para promover la cultura de no pago”, pues, contrario a lo afirmado por los jueces de instancia, es claro que no dejaron de pagar las obligaciones por voluntariedad y sin debida justificación.

Se recibió la causa a prueba y se solicitó el abandono del procedimiento durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional, siendo un hecho notorio que existieron severas restricciones a la movilidad de los ciudadanos producto de las cuarentenas decretadas por la autoridad, configurándose una causal que impide decretar el abandono del procedimiento, máxime si la realización de tal diligencia era innecesaria, puesto que ningún efecto surgiría de la realización de tal diligencia sino hasta diez días hábiles posteriores al cese del Estado de Excepción Constitucional”.

El tribunal argentino razona que las condiciones del piso por donde se efectuó el traslado, lejos de presentarse como una circunstancia imprevisible, debieron llevar al acusado a adoptar una conducta más cuidadosa, teniendo particularmente en cuenta que ha cumplido funciones como camillero en el Hospital durante dieciocho años.

Si bien varios tratados interamericanos indican que la solidaridad es un principio fundacional de la OEA y es fundamental para abordar las inequidades y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, el Sistema Interamericano tiene aún como tarea pendiente convertir ese principio en un llamado a la acción efectivo.

Las empresas fueron multadas por el Servicio Nacional de Migraciones, al verificar que, durante la época de la crisis sanitaria, trasladaron hacia el país pasajeros sin contar con la acreditación de salud respectiva, que diera cuenta que no estaban contagiados con COVID-19, poniendo en riesgo la salud pública.

Cuestionan la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley 27.573, que regula las vacunas contra el COVID-19 en Argentina. En este sentido, impugnan su artículo 2 (que autoriza la prórroga de jurisdicción) y 4 (que establece la cláusula de indemnidad patrimonial a favor de los laboratorios).