Las Bases Administrativas, en un extenso artículo definieron detalladamente la forma de presentación y entrega de la Garantía de Seriedad de la oferta y atendidas las circunstancias de la emergencia sanitaria que enfrentaba el país, establecieron dos hipótesis para la forma de materializarla, una en subsidio de la otra.

El consulado de Chile en Venezuela rechazó la solicitud de la visa en noviembre de 2020, debido a la crisis y emergencia sanitaria que atravesaba la nación debido a la pandemia del Covid-19, no obstante, la afectada intentó revertir dicho acto mediante la interposición de un recurso de protección en el año 2022, acción que fue desestimada por extemporánea.

Ninguna de las autoridades o tribunales nacionales había proporcionado una explicación adecuada de por qué no había sido posible obtener una orden judicial dadas las circunstancias. Además, la legislación lituana también exigía que fuera necesaria una detención de cualquier duración para impedir que el sospechoso huyera o interfiriera en el proceso, pero las autoridades no abordaron los argumentos presentados por el actor con los que había cuestionado la necesidad de la detención.

La finalidad de las vacaciones anuales retribuidas es permitir que el trabajador descanse de las tareas que le incumben según su contrato de trabajo y que disponga de un período de ocio y esparcimiento. A diferencia de una enfermedad, un período de cuarentena no impide, en sí mismo, la consecución de estos fines.

Se les reconoce su labor durante la pandemia, con indiferencia si prestaron servicios en una empresa principal o contratista.

La Sociedad Concesionaria del Contrato “Relicitación Concesión Túnel El Melón” solicitó al Panel Técnico que recomendara que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) debe pagarle los sobrecostos derivados de retrasos en la revisión de Proyectos de Ingeniería de Detalle, modificaciones de obras y requerimientos adicionales en razón de la pandemia Covid-19.

El Panel Técnico de Concesiones acogió parcialmente una Discrepancia presentada por la Sociedad Concesionaria del Contrato “Hospital de Antofagasta” en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por sobrecostos derivados de la adopción de medidas adicionales a causa de la pandemia Covid-19.

Para luchar contra una pandemia como la de Covid-19, un Estado miembro puede prohibir los viajes no esenciales hacia o desde otros Estados miembros clasificados como «zonas rojas». También puede imponer a las personas que entren en su territorio la obligación de someterse a pruebas de detección y de guardar cuarentena.

En un contexto sin precedentes y altamente sensible, había sido aún más importante que las autoridades nacionales tuvieran primero la oportunidad de lograr un equilibrio entre intereses públicos y privados en competencia o entre diferentes derechos protegidos por el Convenio, teniendo en cuenta las necesidades y condiciones locales y la situación de salud pública, tal como estaba en ese momento pertinente.

Se inadmite la pretensión, pues se trata de un daño no real ni efectivo y meramente hipotético. Y es que por un lado es notorio que tras la pandemia el sector no solo no ha perdido clientela, sino que se ha visto estimulada con el levantamiento de las medidas restrictivas acordadas durante la pandemia, sin que haya datos para afirmar que el ciudadano ha perdido hábitos de consumo por tales medidas.