Acusa a Pfizer de participar en «actos y prácticas falsas y engañosas al hacer afirmaciones sin fundamento sobre su vacuna Covid-19, en violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas», según un comunicado de prensa compartido en redes sociales.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley, la libre iniciativa económica, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que a pesar de que el objeto de la empresa es entregar servicios informáticos en establecimientos de salud y que, por tanto, no corresponde a un establecimiento de salud, el precepto impugnado la hace responsable del otorgamiento de descanso reparatorio por la pandemia.

En virtud de la normativa aplicable fueron recopilados, almacenados y transferidos datos objeto de la presente litis; mientras que se dispuso que aquellos datos “deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados”, y consecuentemente, se ha dispuesto su baja y supresión definitiva e irreversible.

La requirente alega que la norma objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad, ya que el MOP la instó a no detener la construcción de las obras del Aeropuerto pese a la pandemia del COVID-19 como si se estuviera frente a tiempos de absoluta normalidad.

Se determina que el mensaje publicitario que la empresa difundió en los perfiles de las redes sociales Facebook e Instagram denominados “Biolab & Inmunomed” y “Biolabinmunomed, a través de las piezas publicitarias cuestionadas, no corresponde a la realidad. En consecuencia, se han configurado los actos de engaño denunciados.

Constató que la compañía no actuó diligentemente y que el brote que hizo aparición en el crucero “Ruby Princess” no fue debidamente abordado. Unas 900 personas se habrían contagiado y 28 fallecieron.

El sancionado se negó a abordar un vuelo que dispuso la Administración para que los turistas retornaran al territorio nacional, argumentando “miedo insuperable” de contagiar a su abuelo con Covid-19, con quien vivía en la comuna de Curarrehue, situación que no pudo ser comprobada ante la autoridad administrativa ni la magistratura, permaneciendo 117 días más de lo permitido por la Ley Nº21.07 en el territorio insular.

Establece un plazo máximo de 36 meses, para realizar el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas de los prestamos otorgados a los transportistas en el contexto de pandemia.

Las situaciones de acoso laboral, en la medida en que tienen por finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad del empleado, afectan la dignidad de la persona, su derecho fundamental a la integridad física y moral y la prohibición de los tratos degradantes. Puesto en relación el relato histórico con la normativa y jurisprudencia, se ha acreditado una violación de derechos fundamentales.

Por ello se desestima declarar como accidente laboral el trastorno de ansiedad provocado por dicha negativa e insistencia.