El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y, en virtud del artículo 5 de la Constitución, el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, desde que a pesar de que el artículo 177 de la Ley N°20.720 consagra el recurso de forma expresa, el precepto legal impugnado niega el ejercicio del derecho al recurso
La Ley N°20.027 establece un mecanismo especial para el pago de lo adeudado por los estudiantes que acceden a un crédito con garantía estatal destinado a financiar su educación superior.
Aumenta el plazo para obtener garantías caucionadas por el FOGAPE y otorga facultades al Ministerio de Hacienda para aumentar la cobertura de los financiamientos caucionados en torno a las necesidades de cada empresa.
Permite postergar el pago de cuotas de créditos hipotecarios y, asimismo, crea una garantía estatal, en el marco de la crisis económica generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19.
