El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el principio de proporcionalidad y el derecho de propiedad, desde que a pesar de que la factura otorgada no contenía el monto pactado en el contrato de prestación de servicios, se le obliga a aceptar el recibo de la factura, de lo contrario, el Juez de Policía Local fijará una indemnización en favor del denunciante de hasta cinco veces su valor, lo cual atenta gravemente contra su patrimonio.