Es necesario que el crimen organizado se aborde y persiga con una mirada de Estado, un enfoque global que permita entender que este fenómeno delictual es trasnacional y tiene patrones de comportamiento que permitan anticiparse a los efectos de las decisiones y políticas que se tomen o implementen para perseguirlo.
El crimen organizado es un fenómeno delictual ya instalado en nuestro país y que requiere acciones concretas y eficaces para su combate. De allí la importancia de endurecer las sanciones por intentar vincularlo con la política.
El crimen organizado es un fenómeno delictual ya instalado en nuestro país y que requiere acciones concretas y eficaces para su combate. De allí la importancia de equiparar el crimen organizado con el desarrollo de conductas terroristas por ser ambos tipos delictuales, por esencia, contrarios a los derechos y libertades de las personas.
La Fiscalía General del Estado ha presentado públicamente investigaciones que muestran indicios de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a personas operadoras de justicia, presuntamente, a cambio de decisiones favorables; modificaciones en composiciones de tribunales; retardos procesales injustificados y beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares. Según información oficial, al menos 19 jueces de distintas regiones y niveles de la judicatura estarían involucrados.
La moción busca, a través de un estatuto sistemático de normas, perseguir y prevenir las acciones asociadas al crimen organizado.
La solicitud alegó que las personas beneficiarias están sufriendo episodios de violencia y amenazas por parte del crimen organizado y la policía, así como expulsiones de sus aldeas en el contexto de la falta de finalización de la demarcación y protección de su territorio. Informaron sobre violencia, asesinatos, agresiones e intimidaciones, como destrucción de bienes y uso de armas de fuego dentro de las comunidades Tapeba.
La Mesa del Senado liderada por su presidente, José García Ruminot y el vicepresidente Matías Walker, junto al senador Iván Flores presidente de la Comisión de Seguridad del Senado se reunieron con los Ministros del Interior y Segpres, con el objeto de avanzar en una Nueva Agenda de Seguridad
La próxima semana la Comisión de Seguridad Pública conocería los alcances de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a dicha iniciativa, clave en la persecución criminal.
La comisión confirmó que existe un 123,4% de ocupación a nivel nacional, deficiencias en los programas de reinserción social, recurrencia de la violencia a nivel interno y creciente influencia de las bandas criminales, que hace necesario repensar la forma en que se segregan los reclusos en Chile.
La iniciativa busca corregir falencias para dotar de estabilidad y seguridad al sistema penitenciario, mediante el diseño e implementación de políticas carcelarias en orden a prevenir, disuadir y desmantelar estas organizaciones y su actividad delictiva.
En la actividad convocada por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma y el director de la BCN participó la ministra del Interior, Carolina Tohá y ex ministros de la cartera. El trabajo, realizado por investigadores de la BCN, busca entregar «una mirada seria, objetiva y basada en la evidencia». «La idea, es ser una contribución para políticas públicas, investigadores, académicos y tomadores de decisiones».
