Las presuntas víctimas, tanto nacionales sirios como ciudadanos extranjeros, habrían sido sometidas a diversos métodos de tortura, incluyendo golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas y otras formas de maltrato físico y psicológico. Asimismo, se alega que los acusados supervisaban o permitían la creación de un entorno de detención caracterizado por el uso de la violencia y el sufrimiento deliberado.
Mercer, que recientemente perdió su escaño parlamentario, ha mantenido su decisión de no revelar las identidades de los oficiales que le confiaron la información sobre los supuestos asesinatos. A pesar de las reiteradas órdenes de la Comisión de Investigación sobre Afganistán, se ha negado a proporcionar los nombres requeridos.
El tratado establece que dicha Corte juzgará delitos en los que se usen armas: con agentes biológicos o toxinas, aquellas cuyos fragmentos no sean posible de localizar por rayos x, y las de rayos láser que causan ceguera.
La decisión es considerada una respuesta a la orden de arresto dictada contra Vladimir Putin por la deportación masiva de niños ucranianos a territorio ruso. La Corte emitió un comunicado para condenar lo que considera un acto ”intimidatorio” que no socavará el trabajo del fiscal.
De esta forma, Estado Unidos ha dado expresamente su apoyo a Ucrania y otros países que han promovido la creación de un tribunal especial parar juzgar a Rusia por el “crimen de agresión”, en forma paralela al proceso radicado en la Corte Penal Internacional.
Altos personeros rusos serían acusados por el secuestro de niños ucranianos y por atacar deliberadamente la infraestructura civil de Ucrania. Los expertos cuestionan la eficacia de los procesos en caso de llevarse a cabo.
En Ucrania se están cometiendo atrocidades que exigen un tribunal para crímenes de guerra. Pero la justicia requiere paciencia.
La sentencia apelada articula de manera clara las consideraciones relevantes que informaron su ejercicio de discreción al imponer la sentencia conjunta de 25 años de prisión.
Las víctimas no han tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista y preocupaciones en los procedimientos judiciales ante la Corte. Los procedimientos de confirmación en ausencia de Kony les darían esa oportunidad, que puede utilizarse para dejar en claro la naturaleza limitada y el propósito de la investigación de la Sala, no como un fin en sí mismo, sino como un paso más hacia la rendición de cuentas de un sospechoso que ha estado prófugo por más de 17 años.
Mahamat Nouradine Adam habría facilitado instalaciones gubernamentales a la facción armada Seleka, para cometer crímenes contra la población partidaria del ex presidente Bozizé.
El Tribunal Penal Internacional calificó por primera vez a estos hechos como un crimen contra la humanidad, en la sentencia condenatoria contra uno de los comandantes detrás de estas prácticas, cometidas durante el conflicto en el país africano, Dominic Ongwen.
